La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), junto a la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás y la Aliança contra la Pobresa Energètica, han lanzado un manifiesto para conseguir un sistema de ayudas públicas para la rehabilitación energética y la instalación de energías renovables fácil y transparente, accesible a toda la población.
En el contexto actual de crisis energética y económica, los firmantes del manifiesto indican que gran parte de las personas consumidoras en España está en situación de vulnerabilidad energética, por lo que se deben revisar las estructuras para asegurar que todas las familias puedan acceder a los beneficios de la eficiencia energética.
Por otro lado, también hay barreras burocráticas que generan desigualdades de acceso a las ayudas, por ello en el manifiesto se demandan medidas para superar estas barreras y garantizar un sistema de ayudas eficaz y justo.
Recomendaciones para una transición energética justa
Para superar las barreras de acceso a las ayudas se proponen formularios de solicitud y concesión de subvenciones y ayudas redactados en lectura fácil, accesibles y comprensibles para personas con distintos niveles de formación. Campañas de comunicación de las ayudas efectivas, que combinen canales digitales y analógicos y que hagan partícipes a los servicios públicos en contacto con la población vulnerable.
También se proponen instrumentos de gestión y presupuestos específicos dirigidos a colectivos vulnerables. Una unificación de los procedimientos entre las Comunidades Autónomas, automatización de las concesiones y solicitud de la documentación mínima necesaria para acreditar las situaciones de financiabilidad.
Asimismo, se propone la mejora de los criterios de renta para el acceso a subvenciones de forma que se establezcan distintos tipos de acceso a las mismas. Que las subvenciones no computen a efectos del IRPF o impidan el acceso a otras ayudas y subsidios públicos, especialmente en el caso de las personas de rentas bajas o medias bajas.
Otra de las medidas está encaminada a que se garantice el acceso a los suministros básicos prohibiendo el corte de suministros por impago, la ampliación y automatización de la concesión del bono social, y la creación de una tarifa social accesible. También se apuesta por cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social, además de la creación de una mesa de trabajo con estas entidades para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).
Por otro lado, también se solicita la intervención en el caso de La Cañada Real de Madrid, donde llevan sin suministro eléctrico desde hace más de tres años, para garantizar con la intervención el acceso a la energía de la población.
En total, son más de 50 organizaciones sociales, ambientales, ONG y sindicatos quienes solicitan todas estas medidas para abordar la pobreza energética.