El Consejo de Ministros ha incluido en un Real Decreto-ley la prórroga de las medidas temporales para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre, reforzando así la protección de las familias y de las empresas. La norma mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos, establece una fiscalidad reducida para la electricidad, el gas natural y los combustibles de biomasa empleados para la calefacción e incluye disposiciones para el fomento de las renovables.
Se prolongará durante seis meses con carácter general, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables; los descuentos reforzados del bono social y las tres categorías de beneficiarios; una fiscalidad reducida para gas y electricidad; los vigentes cargos de la electricidad; las ayudas para las tarifas reguladas de gas (TUR) o la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva, entre otras medidas.
Igualmente, con el objetivo de potenciar la generación de energía renovable y la industria asociada a la transición ecológica, la norma ha extendido de forma voluntaria hasta ocho años el plazo de tramitación de nuevos proyectos de renovables; ha incorporado criterios cualitativos en las subastas de renovables que reconozcan el valor añadido social y ambiental de la industria europea; ha seguido impulsando el autoconsumo; y ha introducido el almacenamiento de energía entre los usos del agua, adaptando a esta finalidad las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo.
Suministros básicos y fiscalidad energética
Entre las disposiciones que se mantendrán hasta el 30 de junio de 2024 están la prohibición de interrumpir por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables; además de los descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos; y también se mantienen los límites aplicados al crecimiento de la Tarifa de Último Recurso de gas (TUR).
Por otro lado, beneficiando a todos los consumidores, los cargos de la electricidad se mantendrán en el mismo nivel que en 2023, y se extiende seis meses más la reducción del 80% de los peajes de la industria electrointensiva, así como la flexibilización para modificar la potencia eléctrica contratada y los contratos de suministro de gas.
En cuanto a la fiscalidad energética, se fijan tipos impositivos reducidos sobre los suministros de electricidad, gas natural, combustibles de biomasa empleados para la calefacción, así como para los suministros de calor.
En el caso de la electricidad, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se situará en el 10% durante todo 2024, que hasta ahora estaba fijado en el 5% como medida de protección contra la crisis energética; el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) estará en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio.
En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de 2024, mientras que se mantendrá en ese mismo nivel para los combustibles de biomasa durante seis meses. Los suministros de calor seguirán esa misma pauta, dependiendo de su origen fósil o renovable.
Renovables, autoconsumo y cogeneración
La UE pide incrementar el apoyo a la industria europea de renovables para garantizar la estabilidad y seguridad de suministro y alcanzar objetivos climáticos. En este sentido, el Ejecutivo ha modificado los hitos de la tramitación administrativa que deben cumplir los nuevos proyectos de energías renovables que estableció el Real Decreto-ley 23/2020.
Se facilitará el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021, habilitando a las comunidades autónomas a reducir la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación.
Con el objetivo de aportar certidumbre a las instalaciones de cogeneración, biomasa y tratamiento de residuos, cuyos costes de explotación dependen del coste del combustible, se han aprobado los valores de referencia para calcular los ingresos regulados a partir del próximo 1 de enero, como el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas.
La retribución a la operación que percibirán estas instalaciones durante el primer semestre de 2024 asciende a 685 millones para la cogeneración y el tratamiento de residuos, y 2,23 millones para la biomasa. Estas cifras no implican sobrecoste con relación a las estimaciones de la propuesta de metodología para actualizar la retribución a la operación que inició su tramitación en noviembre.