La nueva Directiva refundida de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791 adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo se ha publicado en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor en 20 días tras su publicación. Después, los Estados miembros de la UE tendrán dos años para trasponer la mayoría de los diferentes elementos de la directiva a su legislación nacional. La nueva directiva introduce una serie de medidas para ayudar a acelerar la eficiencia energética, incluida la adopción del principio de ‘la eficiencia energética primero’ en las políticas energéticas y no energéticas.
El proceso legislativo comenzó con la propuesta de la Comisión Europea en julio de 2021, como parte del paquete ‘Fit for 55‘, que se complementó con una propuesta adicional como parte del plan REPowerEU en mayo de 2022.
Nueva Directiva de Eficiencia Energética
La nueva Directiva de Eficiencia Energética incluye cambios respecto a las directivas anteriores en 2018/2002 y 2012/27/UE.
En primer lugar, establece un objetivo jurídicamente vinculante para la UE para reducir el consumo de energía final de la UE en un 11,7% de aquí a 2030 (en relación con el escenario de referencia de 2020). Esto incluye para cada Estado miembro el requisito de fijar su contribución nacional indicativa sobre la base de criterios objetivos que reflejen las circunstancias nacionales. Si las contribuciones nacionales no alcanzan el objetivo de la UE, la Comisión Europea aplica un mecanismo de brecha de ambición.
También incluye incrementar el ahorro energético anual del 0,8% (actualmente) al 1,3% (2024-2025), luego al 1,5% (2026-2027), y a partir de 2028 al 1,9%. Es un promedio del 1,49% de los nuevos ahorros anuales para el período 2024-2030. Por otro lado, la nueva ley especifica obligar a los Estados miembros a dar prioridad a los clientes vulnerables y a las viviendas sociales en el ámbito de sus medidas de ahorro energético; e introducir un objetivo de reducción anual del consumo de energía del 1,9% para el conjunto del sector público.
Además, se contemplan más cambios como ampliar la obligación de renovación de edificios del 3% anual a todos los niveles de la administración pública; introducir un enfoque diferente, basado en el consumo energético, para que las empresas dispongan de un sistema de gestión energética o realicen una auditoría energética; introducir una nueva obligación de monitorear el rendimiento energético de los centros de datos, con una base de datos a nivel de la UE que recopile y publique datos; promoción de planes locales de calefacción y refrigeración en municipios más grandes; y por último, incrementar progresivamente el consumo energético eficiente en suministro de calor o frío, también en calefacción urbana.