La Junta de Andalucía ha aprobado el Plan para el Ahorro Energético de la Administración para el periodo 2022-2026. Con este plan se espera alcanzar, al final de su vigencia, un 12% de ahorro en el consumo eléctrico respecto al consumo de 2021, lo que permitirá evitar la emisión a la atmósfera de unas 32.300 toneladas de CO2 anuales y supondrá, a partir de 2026, un ahorro económico anual asociado que rozará los 30 millones de euros.
El plan es el instrumento general de organización y desarrollo de medidas que contribuirán a la reducción del consumo energético de la Administración andaluza y de su factura. Se podrán incorporar medidas adicionales que amplíen o complementen las recogidas en el documento aprobado, en función de las necesidades y efectividad de estas.
El seguimiento y evaluación de este plan le corresponde a la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, que ha sido designada como oficina técnica tanto para su elaboración como para la coordinación de su ejecución y seguimiento.
Optimización de la factura, eficiencia energética y movilidad
Con un presupuesto asociado cercano a los 117 millones de euros, procedentes tanto de fondos regionales propios como nacionales y europeos, el documento se articula en torno a tres ejes de actuación orientados a la optimización de la factura energética; la realización de inversiones en ahorro, eficiencia energética e implantación de energías renovables en edificios de la Junta de Andalucía; y al desarrollo de actuaciones para una movilidad sostenible.
Para el desarrollo de estos tres ejes se ha previsto una batería de once medidas, alineadas todas ellas con la Estrategia Energética de Andalucía 2030, en el documento de planificación energética de Andalucía para los próximos 10 años. Entre las medidas se encuentran la mejora de la gestión energética y de la demanda en los centros públicos, la optimización de la potencia contratada y la compensación de la energía reactiva de los suministros eléctricos para disminuir el coste de la factura.
También contempla la elaboración de un manual de buenas prácticas de ahorro energético del empleado público de la Junta de Andalucía y la priorización y realización de inversiones en ahorro, eficiencia energética y energías renovables, así como la reducción del uso de vehículos de combustibles fósiles y la instalación de puntos de recarga.