Debido a la mala calidad de las viviendas, el precio de la energía y los ingresos de los hogares, el 15% de las viviendas en España se encuentra en riesgo energético, según un estudio que trata de prevenir la vulnerabilidad social y la pobreza energética aplicando el nuevo concepto de solvencia energética. El objetivo del estudio, en el que participa Jorge Gallego, investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, es establecer los límites que no se deberían traspasar para evitar una situación de pobreza energética a la hora de alquilar o comprar una vivienda.
En el trabajo, los investigadores aplican este concepto de solvencia energética a los datos socio-económicos de España, analizando las superficies máximas que pueden tener las viviendas para garantizar la solvencia energética de sus ocupantes, en función de la zona climática, la clase energética y las fuentes de energía utilizadas.
Prevención a través de la solvencia energética
El procedimiento consiste en calcular el ingreso neto por hogar y la intensidad del gasto energético del hogar (gasto energético por metro cuadrado). En cuanto al tipo de energía consumida en calefacción, los investigadores analizaron las viviendas con los dos tipos de energía más representativas: el 53% de las viviendas tiene caldera de gas, y el 18% tiene calefacción eléctrica.
Respecto a la instalación de agua caliente sanitaria, se estudiaron las viviendas con las energías más representativas: el 79% de las viviendas dispone de caldera de gas o calentador de agua a gas, y el 19% termo eléctrico.
Asimismo, tanto la clasificación energética como la zona climática en la que se ubica la vivienda tienen un impacto significativo en el gasto energético, por lo que también se realizaron cálculos para ambas variables en todos los casos. Finalmente, los investigadores calcularon el umbral de riesgo energético, es decir, los metros cuadrados máximos de vivienda elegibles sin incurrir en pobreza energética.
Rehabilitación energética, la clave
Al analizar la tabla de riesgo energético, los resultados obtenidos indican que el 15% de las viviendas deben tener una superficie construida inferior a la mínima permitida por la ley para no estar en situación de riesgo energético. También observaron que en un 86% de los casos se alcanza la solvencia energética para viviendas con clase energética A, B, C y D, de hasta 120 m2.
Esto significa que el problema fundamental de la pobreza energética no lo constituyen tanto los ingresos de los hogares, sino la mala calidad de las viviendas. La normativa actual no permite la construcción de viviendas nuevas con bajo rendimiento energético. El problema radica en el parque inmobiliario, ya que un total del 85% de las viviendas certificadas en 2019 pertenecen a las clases E, F o G. Por lo tanto, según el estudio, la rehabilitación energética es fundamental para reducir la pobreza energética.
El estudio concluye que, conociendo la solvencia energética antes de alquilar o comprar una vivienda, se puede prevenir la pobreza energética al evitar realizar aquellas operaciones en las que se conoce que se va a incurrir en dicha situación.
Gracias a la metodología desarrollada en la investigación, se podría promover una ley que limite la venta o alquiler de viviendas en las situaciones en las que se conoce de antemano que se va a producir una situación de pobreza energética.