El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado extender la vigencia de la solución ibérica hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.
La extensión se produce después de haber recibido la aprobación por parte de la Comisión Europea y coincide con la duración del marco temporal de crisis que la Unión Europea estableció con motivo de la guerra en Ucrania. En el acuerdo alcanzado originalmente entre España, Portugal y la Comisión Europea, plasmado en el Real Decreto-ley 10/2022, la solución ibérica iba a estar en vigor durante 12 meses, concluyendo el próximo 31 de mayo.
La solución ibérica, fruto del acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo celebrado los días 24 y el 25 de marzo de 2022, es una medida contra la volatilidad de los precios internacionales del gas derivada de la guerra en Ucrania.
Evolución de la solución ibérica
Tanto España como Portugal y la Comisión Europea están de acuerdo en que no han cambiado las condiciones que justificaron la puesta en marcha de la solución ibérica, dentro del marco de medidas por la guerra en Ucrania, de modo que han acordado que puede aplicarse mientras este marco esté vigente. En consecuencia, se prolonga siete meses, hasta el 31 de diciembre, y no se excluye que pueda prolongarse más tiempo, si dicho marco también continúa.
En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. En estos momentos el precio de referencia está en 55 euros/MWh y la prolongación del sistema implica una modificación de la senda establecida, de modo que se incrementará un 1,1 euro/MWh desde abril, para concluir en 65 euros/MWh en diciembre.
La solución ibérica introduce un precio de referencia para el gas consumido por las centrales térmicas que fijan el precio del mercado mayorista de la electricidad. Además, permite evitar el contagio de los precios del gas sobre la electricidad en España y Portugal y ya ha permitido un ahorro superior a los 5.000 millones de euros.