La Comisión Europea ha aprobado la reintroducción de un plan español de 396 millones de euros para reducir los cánones por consumo de electricidad impuestos a las empresas de gran consumo energético, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE.
El plan original, que fue aprobado por la Comisión en enero de 2021 y expiró en diciembre de 2022, tiene como objetivo mitigar el riesgo de que, debido a estos gravámenes, las empresas que consumen mucha energía puedan trasladar sus actividades a ubicaciones fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas.
La medida beneficiará a las empresas activas en 114 sectores enumerados en el Anexo 1 de las Directrices de 2022 sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía (CEEAG). Esos sectores dependen en gran medida de la electricidad y están particularmente expuestos al comercio internacional.
Inversiones en eficiencia energética
Los beneficiarios recibirán una reducción del gravamen de entre el 75 y el 85%, en función de su exposición al riesgo. La reducción aplicable no debe dar lugar a un gravamen inferior a 0,5 euros/MWh.
Según el régimen, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028, los beneficiarios deberán realizar determinadas inversiones en eficiencia energética, invertir al menos el 50% de la ayuda en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o cubrir al menos el 30% del consumo eléctrico con fuentes renovables (RES).
Además, los beneficiarios de una reducción de la tasa del 75% pueden recibir una ayuda mayor si cubren al menos el 50% del consumo de electricidad con fuentes de energía renovable y el 10% del consumo a través de un acuerdo de compra de energía de fuentes de energía renovable o el 5% a través de electricidad con generación de fuentes renovables. La Comisión Europea ha evaluado la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE y considera que para alcanzar el Pacto Verde Europeo esta medida es necesaria.