El Consejo de Ministros ha adoptado una propuesta para reformar el mercado eléctrico europeo, con el objetivo de rebajar los precios y reducir la volatilidad, a la vez que se avanza en el proceso de descarbonización, garantizando la seguridad de suministro y repartiendo los costes de un modo más justo entre productores y consumidores.
La propuesta, que se remite a la Comisión Europea para que sea analizada, permite solucionar los problemas del diseño actual: escaso peso de los mercados a plazo, precios elevados que no reflejan los bajos costes de las energías renovables, beneficios extraordinarios en las tecnologías no contestables y señales inadecuadas para orientar la inversión.
La generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores. Un mercado a plazo aportará una estabilidad que no ofrecen los actuales mercados de futuros estableciendo, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España.
Reducción de los precios de los consumidores
En aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, por escasez de recurso o falta de apoyo social y político, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. Con ello se podrán reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios.
Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro. La normativa de la UE ya prevé estos mercados, pero sólo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso, por lo que es necesario facilitar y agilizar su implementación.
España propone mantener el mercado a corto plazo actual que seguirá funcionando como hasta ahora, proporcionando señales eficientes de precios. Sin embargo, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.
Para llevar a cabo la reforma es necesario modificar la normativa europea. En tanto se materializa, España y Portugal van a proponer la extensión del Mecanismo Ibérico para seguir protegiendo a los consumidores del ineficiente diseño actual.