El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aprobó el pasado 27 de diciembre un Real Decreto-ley que permite prorrogar durante 2023 varias medidas temporales, en materia de energía, cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre. Entre ellas destacan la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, la ampliación hasta los dos kilómetros de la distancia entre la generación del consumo y el punto de consumo para favorecer el autoconsumo con energía fotovoltaica, o la exención del 80% del importe de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva.
El objetivo de estas medidas es reforzar la protección de las familias y de las empresas contra la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.
El pasado mes de octubre se lanzó el Plan Mas Seguridad Energética (Plan +SE), con medidas para incrementar la protección de los consumidores durante todo 2023, como la ampliación de la cobertura bono social –el 40% de las familias con menor renta tienen a su disposición precios regulados con descuentos hasta del 80% en la factura de la electricidad– o la extensión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural a todos los hogares, ya tengan calderas individuales o comunitarias.
Medidas concretas para los consumidores y las empresas
En materia fiscal se prorroga la suspensión del Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava la generación con un 7%, a la que se añade el mantenimiento de los tipos reducidos del IVA en el 5% para la electricidad, el gas natural y la biomasa para calefacción, y el tipo del 0,5% para el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
El Real Decreto-ley aprobado incluye la prórroga de la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva y una mayor seguridad a la hora de contratar el suministro del gas natural para empresas y autónomos.
La norma también prevé la modificación durante el primer trimestre de 2023 de aspectos puntuales de la Planificación Eléctrica en el horizonte 2026 para incluir actuaciones estratégicas para la cadena de valor industrial. Estas actuaciones podrán financiarse con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y no computarán a la hora de calcular el límite máximo de inversión anual en la red de transporte, establecido en el 0,065% del PIB.