El Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética dirigido a la Administración General del Estado (AGE) y a las entidades del sector público estatal. Este plan, promovido por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y Hacienda y Función Pública, tiene como objetivos principales racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas, así como el establecimiento de formas de organización del trabajo de los empleados públicos que redunden en ese ahorro energético, a la vez que garanticen la plena prestación de los servicios y la atención a los ciudadanos.
Con este Plan, la Administración General del Estado asume un papel de ejemplaridad y afronta el reto de impulsar actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia en este ámbito en el sector público estatal en las actuales circunstancias.
De esta forma, otro de los objetivos es servir como modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas que se sumen a esta iniciativa, todo ello con la idea de obtener, en el corto plazo, un ahorro en la factura eléctrica, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país.
Principales medidas en climatización e iluminación
Entre las principales medidas que contempla el Plan relativas a la racionalización en las instalaciones y uso de los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional destacan siete.
La primera medida es el establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles. La segunda es el mantenimiento de un óptimo nivel de ocupación de los inmuebles. A continuación, se llevará a cabo el control de condiciones de temperatura adecuada en locales e instalaciones climatizadas.
Además, se contempla el impulso de la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en edificios e infraestructuras públicas; la inclusión en los expedientes de contratación administrativa de cláusulas que establezcan como criterio de valoración la aplicación de medidas que impliquen un ahorro energético; la optimización del alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso en esas zonas; y el seguimiento del uso de consumibles: papel, plásticos y otros materiales de oficina.
Medidas organizativas
En cuanto a las medidas que hacen referencia al fomento de fórmulas organizativas que deben adoptar los empleados públicos, garantizando plenamente la atención a la ciudadanía, el plan contempla el refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, para reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, garantizando siempre la prestación y calidad del servicio público.
De esta forma, cada Ministerio o entidad estatal deberá aprobar un Plan de Trabajo en el que incorporará una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, que cumplan las condiciones para ello. El Plan aprobado en Consejo de Ministros contempla, con carácter general, que aquellos empleados con puestos de trabajo a distancia reconocidos podrán teletrabajar tres días a la semana y acudirán dos presencialmente.
Por razones organizativas debidamente motivadas se podrá autorizar la prestación de dos días de trabajo a distancia. Asimismo, con carácter excepcional, se podrán establecer otros sistemas de trabajo a distancia. La implantación del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública.
Uso eficiente de la energía
El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal. Además, se promocionará e incentivará el uso del transporte colectivo de los empleados públicos para promover la movilidad sostenible y se fomentará el uso de la bicicleta, para lo cual se habilitarán aparcamientos para estos vehículos en los edificios públicos.
El Plan, asimismo, incluirá una serie de medidas de formación y sensibilización, que se concretarán, por ejemplo, en la impartición de cursos gratuitos a empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en el uso del automóvil, a través de la plataforma e-learning del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Miteco.
Para la coordinación del Plan, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial entre ambos departamentos (Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), con el apoyo técnico del IDAE. Dicho grupo de trabajo sería el encargado de analizar una posible prórroga de las medidas, en el caso de que así se valorara.
El seguimiento de los datos de ejecución del plan en materia energética se realizará asimismo por el IDAE, utilizando para ello el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la Administración General del Estado (SIGEE AGE). Todos los edificios e infraestructuras afectados por este Plan deberán estar dados de alta en esta plataforma.