El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para remitirlo al Congreso. Este fondo permitirá financiar y redistribuir entre todos los vectores energéticos los costes fijos de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (RECORE), un coste que hasta el momento solo estaba asociado al sector eléctrico.
Según el Gobierno, esta aprobación cumple con un cuádruple objetivo: dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura de hogares y empresas. El proyecto pretende avanzar en los objetivos de descarbonización, ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “habilitando el marco normativo necesario para la electrificación de la economía y la sustitución de la generación eléctrica de origen fósil por tecnologías basadas en energías renovables, generando, a su vez, oportunidades de competitividad e innovación para el conjunto de la economía”.
Este fondo, que prevé un calendario de implantación gradual de cinco años, estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Además, permitirá acercar el modelo español al de otros países europeos como Francia o Alemania, y establece un nuevo sistema de reparto que permitirá reconfigurar la financiación de esos costes regulados, equilibrando el balance entre costes e ingresos.
Financiación del FNSSE
Respecto a la financiación, el fondo se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de los ingresos procedentes de subastas de CO2.
En concreto, las aportaciones de los sectores energéticos se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía.
El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación, como tributos o ingresos de las subastas de CO2.
Por otro lado, el diseño del FNSSE contempla mecanismos para garantizar la equidad y la redistribución justa de rentas en su implementación, con exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y para evitar el doble cómputo en usos intermedios de la energía.
Reducción de la factura de la luz
El Gobierno destaca que se trata de un mecanismo socialmente progresivo: cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su “cesta energética”, por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos y expuestos a la pobreza energética.
Según sus cálculos, el recibo eléctrico podrá reducirse al menos un 13% (antes de impuestos) en cinco años para los consumidores domésticos. Las medidas para reducir el coste de la factura eléctrica se suman a las políticas para proteger a los consumidores vulnerables enmarcadas en el desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.