La plataforma de blockchain para agilizar la tramitación del bono social de electricidad del proyecto ‘Confía’ se probó el año pasado en el Ayuntamiento de Málaga. Ahora, mediante un acuerdo firmado entre Endesa e Izertis, el sistema se desplegará en los 20 ayuntamientos españoles que lo soliciten para su validación.
En noviembre de 2019, Endesa firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga en el marco del proyecto ‘Confía’, impulsado por Endesa y financiado por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) con la colaboración de la Universidad de Málaga, para automatizar y agilizar la gestión del bono social de electricidad en la ciudad a fin de evitar ceses en los suministros eléctricos de personas sin recursos.
Se formó un equipo multidisciplinar compuesto por agentes sociales del consistorio, un grupo de investigación de la Universidad de Málaga, especialistas en arquitectura blockchain, expertos jurídicos y personal de sistemas de información e innovación, que ha realizado desarrollos y pruebas a lo largo del año 2020 junto con Izertis en el Ayuntamiento de Málaga.
Recientemente, Endesa ha encargado a Izertis, business partner de IBM, la extensión de la iniciativa por todo el territorio nacional, así como la integración, explotación y mantenimiento de la misma durante los próximos 6 años. Así, Izertis desplegará el servicio creado sobre la plataforma IBM Blockchain en los 20 ayuntamientos españoles que lo soliciten y, tras un periodo de validación de dos meses, se espera que pueda ser ofrecida a los consistorios y comercializadores que lo requieran.
Gestión del bono social eléctrico
La tecnología IBM Blockchain utilizada en el proyecto ‘Confía’, disponible en IBM Cloud, permite almacenar la información en una base de datos distribuida para que todos los implicados puedan gestionarla de manera encriptada y segura, respetando la normativa sobre protección de datos y derecho al olvido.
El sistema supone una comunicación de la comercializadora a las comunidades autónomas que, a su vez, deben enviar los datos de las personas que han incurrido en un impago del suministro eléctrico a los ayuntamientos, que son los encargados de gestionar las ayudas en los casos en los que procede.
Por su parte, los servicios sociales podrán cruzar al instante esta información con su propia base de datos y contactar con la compañía para evitar un corte del suministro si se constata que el consumidor cumple con los criterios para beneficiarse del bono social.