El Consell de Justicia de la Comunidad Valenciana destinará 8,6 millones de euros en la primera fase del Plan de Eficiencia Energética de las sedes judiciales. Las actuaciones previstas consistirán en renovar las instalaciones de climatización e iluminación, instalar placas fotovoltaicas para autoconsumo e implementar sistemas de monitorización y control de la energía, entre otras. Se estima un ahorro conjunto en la factura eléctrica del 12%.
Así lo anunciaron el pasado jueves, 30 de enero, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau.
La primera fase del plan se llevará a cabo en las sedes judiciales de Vinaroz, Castellón, Segorge, Massamagrell, Paterna, Picassent, la Ciudad de la Justicia de Valencia, Catarroja, Sueca, Denia, Alcoy, Benidorm, Elda y Alicante.
Ahorros en la factura eléctrica
Para que estos edificios sean más eficientes en su consumo energético y sostenibles desde el punto de vista medioambiental se renovarán los sistemas de climatización, se sustituirán las luminarias, se renovará la carpintería exterior para mejorar el aislamiento, se instalarán colectores fotovoltaicos para autoconsumo y se implementarán sistemas de monitorización y control de la energía.
Con estas medidas se conseguirán, entre otros beneficios, el ahorro conjunto de un 12% de la factura eléctrica, es decir, en torno al medio millón de euros al año. Por ejemplo, en la Ciudad de la Justicia de Valencia -el mayor edificio judicial de la Comunidad Valenciana- se producirá un ahorro del 25% y se evitará la emisión de 398 toneladas de CO2 al año, el equivalente a haber plantado 786 árboles adultos o reducir las emisiones que producen más de 40.000 coches.
En 2027 el 100% de las sedes judiciales será sostenible y eficiente
A este Plan de Eficiencia Energética hay que sumar las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales. En total, la Generalitat pretende actuar sobre el 45% del parque inmobiliario judicial de la Comunidad Valenciana, que consta de 60 inmuebles donde trabajan más de 6.000 funcionarios y por donde pasan, cada año, más de un millón de personas, tal y como ha explicado la consellera Gabriela Bravo.
Para el 55% de las sedes judiciales restantes, la Generalitat solicitará más Fondos Feder y la permanencia en el Programa Jessica (ambos de la Unión Europa). De este modo, cuando acabe esta legislatura estarán terminadas las actuaciones del Plan y en trámite la segunda fase de forma que antes de 2027, el cien por cien de las sedes judiciales valencianas serán energéticamente eficientes y ambientalmente sostenibles.