El Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya aprobó el pasado martes un decreto ley de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. La normativa elimina barreras administrativas para la implantación de energías renovables en Cataluña y soluciona diversos aspectos de la Ley del cambio climático con el objetivo de seguir avanzando en la mitigación del cambio climático y en la transición energética.
La nueva norma, que se enmarca en la situación de emergencia climática declarada el pasado mes de mayo, deberá ser validada por el Parlamento en los próximos 30 días.
Instalación de energías renovables en el ámbito urbano
El decreto ley modifica la Ley de urbanismo para facilitar y simplificar la instalación de energías renovables en el ámbito urbano, con la voluntad de favorecer la implantación de sistemas de autoproducción en los edificios y en el espacio público de las ciudades.
En este sentido, por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas no contarán a efectos de remonta y estarán sujetas al régimen de comunicación previa, según explica el Gobierno catalán en nota de prensa. La norma también elimina aspectos que dificultan la implantación de medidas de aislamiento térmico o la mejora de cerramientos de fachadas, entre otros.
También se facilita la implantación en suelo no urbanizable, siempre que se cumplan unos criterios ambientales y paisajísticos determinados.
Además, el decreto ley incluye la derogación del Decreto 147/2009, que limitaba la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en Cataluña, y establece un nuevo procedimiento de tramitación más ágil. De esta forma, se abre la implantación de estas dos tecnologías en toda Cataluña, siempre respetando las figuras de protección ambiental, urbanística y paisajística vigentes.
Modificación de la Ley del cambio climático
Se modifica la Ley del cambio climático con el fin de recuperar algunos artículos anulados por el Tribunal Constitucional, redactados de acuerdo con la sentencia. En concreto, se fija la neutralidad de emisiones de CO2 para el horizonte 2050, la electrificación de los puertos de la Generalitat, la limitación al fracking o la penetración de la movilidad eléctrica en el sector del transporte.
Asimismo, se incluyen algunas precisiones a diferentes artículos y se añade la prohibición de utilizar carbón y coque de petróleo en estufas y calderas en nuevas instalaciones, además de un periodo transitorio de cuatro años para sustituirlos por otros combustibles con menos impacto.
La aprobación de este decreto ley debe facilitar la consecución de los objetivos establecidos tanto en la Ley del cambio climático como en las bases del Pacto Nacional para la Transición Energética. De acuerdo con las primeras estimaciones del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), para cumplir estas metas Cataluña necesita disponer de 4.000 MW eólicos y 6.000 MW solares fotovoltaicos instalados en 2030, partiendo de los 1.270 MW eólicos y los 276 MW solares fotovoltaicos que hay en servicio.