Entre el 7,4% y el 17,3% de la población española se encuentra en situación de pobreza energética, porcentajes que corresponden a entre 3,5 y 8,1 millones de personas, según datos del Ministerio de Transición Ecológica basándose en los indicadores principales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Para paliar esta situación, el Gobierno aprobó el pasado 5 de abril de 2019 la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, con el objetivo de reducir estos datos, al menos, un 25% pero con la meta de alcanzar el 50%.
La estrategia define la pobreza energética como aquella situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.
Un fenómeno complejo, un análisis multidisciplinar
En el texto de esta Estrategia, el Ministerio de Transición Ecológica reconoce que la pobreza energética en España es un fenómeno complejo cuya aproximación demanda un análisis multidisciplinar así como actuaciones coordinadas de las distintas políticas por parte de los poderes públicos.
Siguiendo esta filosofía, el propio proceso de elaboración de la estrategia ha contado con la participación de las administraciones autonómicas y locales, así como agentes sociales, empresas y entidades de distinto tipo.
Además, la Estrategia responde a los numerosos mandatos internacionales con los que se ha comprometido el Reino de España, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Paquete de Invierno de la Unión Europea o el Pilar Europeo de Derechos Sociales. También se han tenido en cuenta los instrumentos nacionales en el actual contexto social e institucional, como la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 (ENPE) o el Real Decreto-ley 15/2008, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y a la protección de los consumidores. En cumplimiento de este último mandato se elabora y aprueba la presenta Estrategia.
Indicadores de situaciones de pobreza energética
Como ya se ha indicado, la pobreza energética se define como una situación de dificultad para atender las necesidades básicas de energía. Pero este fenómeno, cuya definición parece sencilla, es mucho más complejo y se manifiesta en los ciudadanos a través de distintos hechos.
Por ello, y con el fin de parametrizar las situaciones de pobreza energética, en el proceso de elaboración de la Estrategia, se han utilizado cuatro indicadores oficiales del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV). En consecuencia, la pobreza energética podrá manifestarse como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos.
Los análisis de estos indicadores se ven complementados por otros derivados y se cruzan con unas variables de caracterización de la población que dan diferentes resultados. Por ejemplo, en 2017 el 17,3% de la población presentaba un gasto desproporcionado en suministros energéticos y el 11,5% se encontraba en situación de pobreza energética escondida (HEP), es decir, tenían un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la media nacional.
También se observa que el 8% de la población española no lograba mantener una temperatura adecuada en sus hogares durante el invierno y el 7,4 presentaba algún retraso en el pago de las facturas.
Para cada uno de los indicadores del EPOV, la Estrategia se ha propuesto reducir, como mínimo el 25% en 2025, buscando ir más allá y alcanzar 50% sus valores actuales.
Ejes de actuación
Tras realizar un estudio del régimen jurídico de la pobreza energética en el ámbito internacional, de la UE y de España, se establecieron las medidas de actuación para luchar contra la pobreza energética.
De esta manera, la Estrategia se articula en cuatro ejes que contienen nuevas líneas de actuación y 19 medidas. Los cuatro ejes son los siguientes:
- Mejorar el conocimiento de la pobreza energética.
- Mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética.
- Crear un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética.
- Medidas de protección a los consumidores y concienciación social.
Cada uno de estos ejes tiene varias líneas de actuación, dentro de las cuales se incluyen las 19 medidas.
Medidas de la Estrategia
Entre las medidas, cabe mencionar, por ejemplo, la obligación de actualizar anualmente los indicadores de pobreza energética. Consiste en una actualización anual de los cuatro indicadores, a lo más tardar el 1 de octubre de cada año. Estos indicadores deberán ser publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica antes del 15 de octubre de cada año.
Una de las medidas más importantes es la creación de un nuevo bono social energético que será eléctrico y térmico, el establecimiento de un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables en el caso del impago del suministro y la prohibición de interrupción del suministro en situaciones meteorológicas extremas a estos consumidores.
La Estrategia establece también que hay que elaborar un protocolo para detectar situaciones de pobreza energética por parte de los profesionales de atención primaria, para que éstos puedan colaborar en la detección de estas situaciones.
Se establecen mecanismos de sensibilización y generación de conciencia colectiva de este problema mediante la aparición en una página web que centralizará toda la información en la materia, así como la realización de acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes. Otra de las medidas consistirá en promover la comunicación sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de la eficiencia energética y abrir un canal de comunicación permanente de las novedades en esta materia.
Por último, la Estrategia exige mejoras regulatorias para la defensa de los consumidores, en especial de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Proteger a los consumidores vulnerables
Como se puede comprobar, se ha dotado de un enfoque integral a la estrategia que aúna medidas de carácter más prestacional y paliativo, cuya ejecución se realiza más a corto plazo, con otras más estructurales y de desarrollo, orientadas al medio y largo plazo. Esto también ofrece una importante oportunidad para que las administraciones públicas autonómicas y locales puedan desarrollar sus propias estrategias o dispongan de un marco de referencia en la elaboración o ejecución de sus mecanismos de lucha contra la pobreza energética.
En las últimas páginas de esta Estrategia, el Ministerio aclara que el público objetivo de estas medidas es, principalmente, el colectivo de hogares en situación de vulnerabilidad, es decir, aquellos en situación de pobreza energética que pueden ser beneficiarios de medidas de apoyo establecidas por las administraciones.
La Estrategia concluye que la eficiencia energética es clave para reducir la pobreza energética, en la medida en que se optimiza el gasto en la factura energética y se mejora el bienestar de los ciudadanos cuando están en sus hogares.
Para incentivar y promover proyectos de eficiencia energética, las autoridades públicas ofrecen ayudas. Sin embargo, y a modo de autocrítica, la Estrategia reconoce que se produce una paradoja, ya que estos incentivos no llegan a los colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
A esta particularidad se suma el hecho de que la gran mayoría de hogares vulnerables suelen caracterizarse por tratarse de viviendas con sistemas de calefacción o aislamiento ineficientes, lo que aumenta la dificultad de mantener sus hogares a las temperaturas necesarias para alcanzar un mínimo nivel de confort.
Por tanto, la Estrategia recalca que es necesario hacer un estudio y selección de aquellas medidas para mejorar la eficiencia energética que puedan ser utilizadas realmente por los consumidores vulnerables para paliar su situación de pobreza energética.