El Consejo de Ministros del pasado 5 de abril, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Este instrumento ofrece por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establece indicadores para su seguimiento y objetivos para su reducción a 2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.
Para ello, la estrategia plantea cuatro ejes de actuación con 19 acciones concretas. Entre otras medidas, se fijan las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro. Se plantean también acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes.
Asimismo, se prohíbe la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, cuestión que se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva, al menos, un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II ó III.
Primera definición oficial de pobreza energética
La Estrategia define la pobreza energética como «la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía».
Con esta definición, el Gobierno plantea una multiplicidad de realidades que van desde la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar a un gasto energético desproporcionado en relación con el nivel de ingresos.
Indicadores y objetivos de reducción
Para analizar y realizar un seguimiento adecuado de las diversas tipologías de pobreza energética, el texto adopta los cuatro indicadores primarios oficiales del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV):
- Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
- Pobreza energética escondida (HEP, en su acrónimo inglés): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.
- Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
- Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.
En base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.
Para cada uno de los indicadores, la Estrategia establece un objetivo de reducción mínimo del 25% en 2025 y se fija como meta a alcanzar una disminución del 50%. Además, se establece la obligación de que el Gobierno de España actualice los indicadores anualmente, publicando los resultados a más tardar el 15 de octubre de cada año.
Nuevo Bono Social Energético
El texto repasa las dificultades y obstáculos que presenta la actual configuración del bono social eléctrico, que en 2018 se vio complementado con un bono térmico para ayudar a sufragar gastos de calefacción durante el invierno. Concluye el documento que es preciso elaborar un nuevo bono social y marca los tres elementos que deberán guiar su futura configuración:
En primer lugar, universalidad de fuentes de suministro: la ayuda será integral para el conjunto de los suministros energéticos, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina.
El segundo elemento es la automatización. Así, se establece que, a través de la colaboración entre administraciones, se fijarán criterios para favorecer la concesión directa de la ayuda. El criterio de renta será el principio básico pero se tendrán en cuenta un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar o la zona climática donde se ubique la vivienda.
Por último, se propone la gestión coordinada con otras administraciones públicas. En la implementación de los mecanismos prestaciones que se diseñen, todas las administraciones tendrán un papel relevante, que ejercerán de manera coordinada en el ámbito de sus competencias.
Medidas de rehabilitación y eficiencia energética
Uno de los ejes de la Estrategia centra sus medidas en la rehabilitación y la eficiencia energética a corto plazo, medio y largo plazo.
En primer término, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda, etc).
A medio plazo, se apuesta por el fomento del parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables. También se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones.
A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios, teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, tales como la perspectiva de género, la utilización de materiales sostenibles o la accesibilidad. Se podrán identificar aquellas edificaciones con peor comportamiento energético derivado de sus características constructivas, en el marco de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, del Ministerio de Fomento. El cruce de esta información con los indicadores de situación de vulnerabilidad permitirá proponer medidas específicas para este tipo de comunidades.
Protección a los consumidores
El último eje de la Estrategia está referido a medidas de protección a los consumidores y concienciación social.
En este sentido, se incluye una línea centrada en la actuación de los profesionales que trabajan para atajar la pobreza energética. Entre otras actuaciones, se elaborará un protocolo de actuación para detectar situaciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de atención primaria; y se homogeneizará la gestión de información sobre prestaciones públicas buscando que esta información se incorpore a la ya existente tarjeta social universal, que gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En el ámbito de la concienciación ciudadana, se desarrollarán acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes para que la ciudadanía conozca las posibilidades de ahorro y eficiencia que ofrecen; se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se establecerá un canal de comunicación permanente con los sujetos y colectivos interesados. De hecho, el texto plantea la creación de un espacio web que funcione como punto de acceso general de información sobre pobreza energética.
Por último, la Estrategia prevé la inclusión de la perspectiva de pobreza energética en las modificaciones que se realicen en la normativa que afecte a consumidores energéticos.