El Parlamento Vasco aprobó la semana pasada una ley que afecta a toda la Administración Pública, al establecer obligaciones referidas a edificios, viviendas y regulaciones del transporte. Como resultado, se ha establecido que la Administración regional reduzca el consumo de energía en un 35% para el año 2030, y hasta el 60%, 20 años después, en 2050. Para facilitar las inversiones, se constituirá una herramienta financiera para el apoyo a las entidades locales, con una cantidad mínima de 100 millones.
Entre los objetivos y las acciones más destacadas para el sector público se encuentra la realización de inventario de edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado en el plazo de un año; el diseño de planes de actuación energética donde se fijen las estrategias a ejecutar; las licitaciones para comprar energía exigirán que el 100% de la energía adquirida sea renovable. También, los edificios públicos deberán contar con su correspondiente certificación energética inscrita en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco, y las administraciones deberán adoptar un plan de formación del personal sobre técnicas para aumentar el ahorro y la eficiencia.
Ámbito privado
No obstante, la norma hace referencia también al ámbito privado, en el sector industrial; servicios y comercio; sector residencial y transportes privados. Respecto al primero, entre las medidas a tomar, se deberá realizar auditorías energéticas de equipos, instalaciones, edificios, sistemas de calefacción y refrigeración, parque móvil y alumbrado, para adoptar medidas de ahorro, eficiencia energética e incorporación de instalaciones renovables.
El sector residencial tendrá que adaptarse también. Así, los edificios con una instalación centralizada de producción de calefacción, agua caliente sanitaria y/o refrigeración, deberán disponer de sistemas de contabilización de consumos individuales.
Disminución CO2
Por su parte, los edificios residenciales existentes que contengan un número mínimo de viviendas, cuando se pretenda realizar una reforma importante, se deberá llevar a cabo una auditoría energética para determinar las medidas adicionales para mejorar el ahorro y la eficiencia energética y las posibilidades de incorporación de instalaciones de energías renovables. Todos los edificios residenciales deberán disponer del certificado de eficiencia energética del edificio antes del 31 de diciembre de 2022.
Durante su intervención, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, explicó que el abastecimiento futuro de energía conlleva retos para la sociedad vasca ya que la matriz energética de Euskadi presenta una dependencia de los combustibles fósiles superior al 80% del consumo energético.