El Gobierno aprovechó el último Consejo de Ministros del pasado año para aprobar, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, un Real Decreto para aumentar hasta los 480 millones de euros el presupuesto destinado al Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 a la promoción de una economía baja en carbono.
Este programa está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y regula la concesión de ayudas para impulsar proyectos de eficiencia energética, la movilidad sostenible o uso de energías renovable en entidades locales con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.
La primera convocatoria de esta línea de apoyo se aprobó mediante el Real Decreto 616/2017. Hasta la fecha, se habían presupuestado 336.053.612 euros para ayudas de apoyo a la descarbonización confinanciadas por FEDER. Una norma que, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aseguran ha tenido una buena aceptación por parte de las entidades locales.
Plazos
Desde el Ejecutivo aseguran que se han simplificado algunos trámites. Además, se amplía el plazo de vigencia de la convocatoria de ayudas, que expiraba al término de 2018, durante seis meses más, hasta el 30 de junio de 2019.
El Real Decreto se aprueba en virtud de la modificación que realizó la Comisión Europea en la Decisión Ejecutiva C(2017)8950, donde fusionó los precedentes programas operativos de FEDER POCS y POCIN en un único programa, el mencionado POPE, fijando en 480 millones su dotación para apoyar el avance hacia una economía baja en carbono en España durante el periodo 2014-2020.
Cofinanciación de hasta el 85%
Pueden presentar proyectos municipios y agrupaciones locales, pero también otras entidades locales (como Consejos/Cabildos insulares) o las Comunidades Autónomas, pero siempre para intervenciones en municipios con menos de 20.000 habitantes. También puede presentarlos las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Se pueden subvencionar, con una cofinanciación que oscila entre el 50% y el 85%, hasta 17 medias concretas diferentes. Entre ellas se encuentra la mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos; el fomento de la movilidad urbana sostenible, lo que incluye tanto medidas vinculadas al transporte como a la red viaria; y aumentar el uso de energías renovables para producir electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas.
Una de las líneas menos utilizadas hasta el momento es la de la energía solar fotovoltaica para autoconsumo. Según el programa, son subvencionables también las baterías asociadas a sistemas de autoconsumo fotovoltaico.
Las ayudas son gestionadas por el Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.