La Organización Internacional del Trabajo en España y Fundación Conama han presentado en el Congreso Nacional del Medio Ambiente un estudio sobre las oportunidades y desafíos que plantea la transición energética en términos de empleo y de justicia social. Del informe se desprende el impacto positivo que puede tener sobre la generación de actividad económica y empleo; el impulso y la dinamización que puede ejercer sobre la I+D+i, la competitividad empresarial y la igualdad de oportunidades; y las potencialidades de la generación de energía distribuida y la oportunidad que la transición supone para los territorios con mayor desempleo.
El estudio, que ha sido elaborado por la consultora Abay Analistas, se centra en tres sectores económicos fundamentales: la generación de electricidad, la automoción y la construcción. Como parte de los desafíos se incide en la los retos políticos, normativos y de carácter técnico; la reestructuración que afectará a determinadas actividades productivas; el acompañamiento que el sistema nacional de formación y cualificación debe hacer a las transformaciones industriales esperadas y la imprescindible diversificación de las zonas dependientes de las energías fósiles.
Recomendaciones
El informe se completa con una serie de recomendaciones de carácter general, elaboradas por un Consejo de redacción, grupo de expertos ad hoc de distinta procedencia, que reclaman un liderazgo público que permita un amplio acuerdo social, Acuerdo de Sociedad, y anticipe escenarios predecibles y transparentes que se alineen con los compromisos internacionales derivados de la agenda climática.
Por otro lado, hacen un llamamiento a establecer un marco regulatorio estable, un enfoque fiscal armonizado con el de los demás países europeos y unas señales de mercado que faciliten las inversiones y la reorientación de la actividad económica y del consumo público y privado hacia un modelo bajo en carbono.
Importancia del diálogo social
Del mismo modo, señalan la importancia del diálogo social tripartito y cómo los sistemas de protección social deberán adecuarse a mitigar y proteger las situaciones de desempleo transicional que el cambio pudiera ocasionar, con especial atención hacia los sectores de empresas auxiliares en las que la recolocación es más difícil de operar que en las empresas principales, de las que se espera una corresponsabilidad en este proceso.
El estudio se ha fundamentado en una veintena de entrevistas en profundidad a diversos actores clave como responsables de políticas energéticas, industriales y de empleo; dirigentes de organizaciones sindicales y empresariales y de empresas de los mismos sectores; responsables de servicios de empleo y de formación ocupacional, así como expertos en medio ambiente, desarrollo, economía social, transición energética y transición justa.