El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ofrecer una mayor cobertura a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad e incrementar la protección de los consumidores, con medidas que permitirán ajustar mejor la tarifa al consumo, reduciendo su factura eléctrica. Asimismo, la norma adopta medidas para acelerar la transición hacia un modelo energético basado en energías renovables. Entre otras, se elimina el denominado “impuesto al sol”, se reconoce legalmente el autoconsumo compartido y se flexibiliza la actividad de recarga de vehículos eléctricos, eliminado la figura del gestor de carga.
El texto legal fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. En su elaboración se contará con las comunidades autónomas y entidades locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.
Ampliación del bono social eléctrico
Como medidas de acción urgente, el actual bono social eléctrico amplía su cobertura. Entre otras cuestiones, el Real Decreto-Ley prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará si en la vivienda reside al menos una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono.
Por otro lado, y con el objeto de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinan criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres: el 85% de los hogares monoparentales tiene al frente a la madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.
Los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían un 15% con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a reducción no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.
La norma aprobada también prorroga el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, cuyo plazo de renovación acababa el 8 de octubre. El nuevo plazo es el 31 de diciembre. De esta manera, quien solicite la renovación del bono después de 8 de octubre y cumpla los requisitos, no verá interrumpido el acceso al descuento.
Por último, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves.
Bono social para calefacción
Para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo crea un bono social término (BST). Se trata una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.
Recibirán el BST este invierno los hogares que estén acogidos al bono social eléctrico a fecha de 31 de diciembre de 2018. Todo consumidor que cumpla las condiciones para acceder al bono social eléctrico y haya presentado su solicitud antes de la citada fecha percibirá el bono eléctrico y el de calefacción.
El importe del BST dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado y del número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre. La cuantía de esta ayuda dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.
A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros, y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría).
Medidas de protección para los consumidores
El Real Decreto-Ley contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.
Si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo. Hasta el momento, los escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kW. Teniendo en cuenta que, en el último trimestre de 2017, casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kilovatios, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW – de 4,6 a 4,1 kW- podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, en el que vivan cuatro personas.
Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria a las que puede acceder. Son dos: tarifas con precios de la electricidad dividido en dos tramos, punta y valle; o en tres tramos, punta, valle y supervalle. En la actualidad, en torno a 660.000 de los 11,1 millones de usuarios adscritos a la tarifa de precio regulado se acogen a tarifas con discriminación horaria.
Los análisis indican que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20€ anuales, pudiendo ser aún mayor si se adoptan hábitos de consumo eficiente. De hecho, siete de cada diez usuarios que optan por este sistema de tarificación tienen en cuenta la división entre periodos de tarificación para sus decisiones de consumo.
El Real Decreto-Ley prohíbe a las comercializadoras eléctricas, y también las de gas natural, realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias –el denominado sistema “puerta a puerta” –, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor.
De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras de energía eléctrica podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda, optimización de la contratación del suministro o la adopción de medidas de eficiencia energética. Todo ello, respetando la legislación vigente en materia de protección de datos.
Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios, que hasta ahora debían ser sancionadas con carácter previo a la inhabilitación.
Eliminación del «impuesto al sol»
Atendiendo a la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición hacia un modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía, el Real Decreto-Ley elimina una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, han dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España.
La nueva regulación impulsada por el Ejecutivo se basa en tres principios: se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado “impuesto al sol”.
El desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es una actividad generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno.
Impulso al vehículo eléctrico
Uno de los capítulos de la norma aprobada hoy se dedica al impulso de la movilidad sostenible, vector imprescindible para la transición ecológica. En particular, el Real Decreto-Ley aborda uno de los factores que detrae a los usuarios de adquirir un vehículo enchufable: la baja disponibilidad de puntos de recarga públicos. Con el objeto de aumentar su presencia, el Gobierno elimina la figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector Eléctrico, pues se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad.
Esta supresión no supondrá en ningún caso una merma de la seguridad de las instalaciones, que deberán cumplir con la normativa correspondiente en el ámbito de la seguridad industrial y de las que se llevará un registro de la información para el seguimiento de la actividad por las Administraciones.
Esta información estará además disponible a través de medios electrónicos para todos los ciudadanos y se integrará en el futuro en el punto de acceso único, armonizando la información con la del resto de países de la Unión Europea, creando una gran base de datos de información sobre la ubicación y características de los puntos de recarga públicos.
Moderación de los precios de la electricidad
Como medida de choque ante la subida del precio de la luz experimentado en los últimos meses, el Real Decreto-Ley incorpora dos disposiciones relacionadas con la normativa fiscal con el objetivo de moderar, de forma directa, la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad.
En primer lugar, se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, durante seis meses. En segundo lugar, se introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Este gravamen, pensando para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta: el céntimo es trasladado a los precios finales de la electricidad cuando tecnologías como el gas fijan los precios en el mercado mayorista.
La evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto del año anterior, de no adoptarse medidas. Así, para un hogar con un consumo de unos 2.600 kWh anuales, la subida podría ser de 23,4€ para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4€ en todo el año.
Las dos medidas fiscales reducirían la factura del último cuatrimestre en una cuarta parte de la subida total: unos 6,2 euros para el hogar de 2.600 kWh y unos 8,5€ para el hogar más intensivo, con consumos de 3.600 kWh[1].
Ambas medidas se adoptan de forma temporal mientras el Gobierno de España aborda, de forma participada, un conjunto de medidas estructurales tendentes a adaptar el funcionamiento del mercado a un modelo energético diferente y más plural, que ha de ser positivo para el medio ambiente, la salud pública, la calidad de vida de los ciudadanos y la modernización de la economía.
Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico, se eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones al año.
Por último, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico –que, en definitiva, equivale a garantizar que no se tengan que incrementar los peajes y cargos que pagan los consumidores-, se introduce la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en los ejercicios 2018 y 2019.
Cumplimiento de los objetivos de energías renovables
Con el objeto de cumplir con los objetivos de penetración de energías renovables fijados por la Unión Europea para 2020, lograr que el 20% del consumo energético provenga de fuentes renovables, y materializar los objetivos del Acuerdo de París en los horizontes 2030 y 2050, España ha de acelerar la integración de las energías renovables en su mix energético, una cuestión que contribuirá a reducir los costes energéticos en el medio y largo plazo, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, al que nuestro país es especialmente vulnerable.
El Real Decreto-Ley aprobado incorpora medidas para eliminar, de forma inmediata, barreras normativas que obstaculizan esta transición energética. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, y por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018.
Mediante esta prórroga, hasta el 31 de marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos. En la actualidad, apenas se han instalado 100 MW. La media evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España.
En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.
[1] Se contempla en ambos casos una potencia contratada de 4,6 kW.