En 2016, el 15% de la población residente en España, cerca de 6,8 millones de personas, sufrió temperaturas inadecuadas en sus viviendas. De ellas, 2,8 millones declararon tener dos o más retrasos en el pago de sus recibos de energía en los últimos 12 meses. Son datos que aparecen en nuevo estudio de ACA (Asociación de Ciencias Ambientales) sobre la pobreza energética y que fue presentado el pasado 23 de abril en el marco del primer encuentro estatal que aborda este problema social.
El I Encuentro Estatal sobre Pobreza Energética se llevó a cabo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM, y fue posible gracias al apoyo de la Fundación la Casa que Ahorra, Endesa, el COAM, Gas Natural Fenosa y el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Este evento, además de ser el escenario idóneo para presentar el estudio de ACA, reunió a numerosos expertos que pusieron sobre la mesa las iniciativas y las estrategias políticas frente a la pobreza energética.
Indicadores de pobreza energética
La primera parte del encuentro estuvo centrada en la presentación del informe elaborado por ACA, el cuarto realizado por esta asociación desde 2012. En esta ocasión, el estudio ha seguido la metodología de EPOV, que propone cuatro indicadores principales, dos de ellos procedentes de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y dos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).
Los indicadores procedentes de la ECV muestran, según el estudio de ACA, que en 2016 un total de 6,8 millones de residentes en España, el equivalente al 15% de la población, estaría sufriendo temperaturas inadecuadas en su vivienda o algún retraso en el pago de recibos, o ambos. Destaca el hecho de que 2,3 millones de personas (el 6% de la población) declararon tener dos o más retrasos en el pago de sus recibos de energía en los últimos 12 meses. Cifras, en ambos indicadores, que se encuentran por encima de la media europea.
Del estudio de estos indicadores procedentes de la ECV, se ha podido extraer por primera vez un dato que llama la atención. De las personas que se declararon incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, cerca de 900.000, el equivalente al 2,3% de la población, sufrieron en 2016 la desconexión, voluntaria o forzosa, del suministro energético de su hogar.
Por otro lado, los datos procedentes de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) desvelan que existen dos tipos de situaciones analizando la relación de gastos e ingresos. De esta manera, se ha observado que un 17% de la población española (8 millones de personas) dedica al pago de sus facturas energéticas el doble de la mediana estatal para 2006-2016.
En contrate, surge un cuarto indicador que se denomina «pobreza energética escondida» y que refleja la existencia de familias que gastan en energía menos que la media del país. Un 12% de las personas residentes en España (5,4 millones) tenía gastos energéticos inusualmente bajos, es decir, su gasto por persona equivalente estaba por debajo del 50% de la mediana anual.
En suma, en 2016 un 29% de la población (13,2 millones de personas) estaría en dificultades para asumir el coste energético de sus hogares, de acuerdo con alguno de los dos indicadores del enfoque EPF.
Diferentes grados de vulnerabilidad
Estas cifras reflejan a grandes rasgos el estado de la pobreza energética en España. Pero ACA ha querido ir más allá para demostrar que esta problemática se muestra en los hogares de formas muy diferentes. El cruce de los cuatro indicadores permite identificar varios grados de vulnerabilidad frente a la pobreza energética y sus distintas consecuencias.
El estudio de ACA también ha desvelado que existen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, siendo las más afectadas por la pobreza energética en 2016 Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. En el lado opuesto se sitúan País Vasco, Castilla y León, Aragón y Madrid.
El análisis de las condiciones socio-demográficas de los hogares revela también ciertos de patrones de vulnerabilidad relacionados con el nivel educativo, la situación laboral, el tipo de contrato, el estado civil, la presencia de personas con mala salud o la percepción de ayudas sociales. Las familias monoparentales o aquellas en las que la persona principal es viuda, los hogares con miembros que sufren enfermedades crónicas o las viviendas en régimen de alquiler constituyen los grupos más vulnerables.
Recomendaciones
Consciente de que la pobreza energética se expresa y se padece de múltiples formas, el estudio propone una completa batería de medidas y recomendaciones para actuar frente a este fenómeno, poniendo el foto de atención en la priorización de medidas de tipo estructural en combinación con medidas paliativas.
- Establecer un sistema de medición estatal basado en múltiples indicadores.
- Mejorar la disponibilidad y el uso de datos.
- Priorizar enfoques estructurales en combinación con medidas paliativas.
- Avanzar hacia un bono social energético que considere de forma integral el problema.
- Desarrollar políticas de mejora de la edificación como estrategia de adaptación al cambio climático y prevención de la vulnerabilidad energética de los hogares.
- Avanzar y seguir explorando la relación que existe entre la pobreza energética y la salud de las personas, desde diferentes perspectivas.
- Elaborar una estrategia estatal de protección de los derechos energéticos de los ciudadanos.
- Favorecer una transición energética justa, sostenible y de coste eficiente.
- Favorecer el acceso a la vivienda y a otros suministros y servicios básicos.
- Escuchar las voces de las poblaciones vulnerables para incorporarlas al debate público.
- Mejorar la información, formación y sensibilización de la ciudadanía para un mayor empoderamiento en su toma de decisiones y fomentar la comunicación y la transparencia.
El Estudio Pobreza Energética en España 2018. Hacia un sistema de indicadores y estrategias de actuación estatal (2018) está disponible en la web de la Asociación de Ciencias Ambientales.