Luz verde a la proposición de ley de protección de consumidores vulnerables de gas

Tapa de registro de gas canalizado.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, 19 de septiembre, la tramitación de la proposición de ley de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización, que incluye la puesta en marcha de un bono social de gas. Una vez aprobada su toma en consideración, la iniciativa, junto con las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios, será debatida en Comisión.

Esta proposición de ley incluye la puesta en marcha de un bono social de gas natural y otrosr gases canalizados y se prohibirá el corte del suministro a los consumidores vulnerables severos.

El Grupo Socialista, precursor de la iniciativa, cree que es necesaria su puesta en marcha ya que, a su juicio, el incremento de los costes energéticos en los últimos años y la crisis económica han provocado que cada vez más hogares tengan dificultades para acceder a un suministro básico debido a que no pueden mantener un nivel de consumo de servicios energéticos apropiados o hacer frente a su coste.

Con este argumento, propone la creación de un bono social de gas, como el aprobado para garantizar el suministro de energía eléctrica, que se aplicará a consumidores más vulnerables atendiendo a sus características sociales, de consumo y poder adquisitivo y a los umbrales de renta per cápita familiar que se determinen reglamentariamente.

Bono social de gas

Además, se prohibirá suspender el suministro a los consumidores vulnerables severos que tengan reconocido el derecho a este bono social y que estén siendo atendidos por la administraciones públicas competentes por hallarse en riesgo de exclusión social, y da un plazo de cuatro meses para suspendérselo, en caso de impago, a los consumidores vulnerables que se reconozcan reglamentariamente.

El grupo proponente incorpora además en la proposición de ley el mandato al gobierno para que proceda a la aprobación de un real decreto que desarrolle lo dispuesto en la ley y emplaza al ejecutivo a poner en marcha, en colaboración con las administraciones públicas competentes, un registro administrativo de puntos de suministro.

 
 
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