La subasta para introducir nuevas instalaciones renovables de generación celebrada se ha saldado con la adjudicación de un total de 5.037 MW al máximo descuento y, por tanto, sin coste para el consumidor eléctrico. La elevada demanda existente ha obligado a aplicar la cláusula prevista en la convocatoria que permitía aumentar la potencia adjudicada más allá de los 3.000 MW inicialmente previstos.
Del total de la potencia subastada, 3.909 MW han sido adjudicados a instalaciones fotovoltaicas y 1.128 MW a instalaciones eólicas, repartidos entre 40 empresas. El elevado número de solicitudes recibidas confirma el interés de los inversores nacionales e internacionales por las energías renovables en España.
Los descuentos obtenidos garantizan que la energía producida será retribuida exclusivamente por el mercado, en igualdad con las tecnologías convencionales no renovables, sin prima adicional por parte del sistema eléctrico en los escenarios centrales de precios del pool eléctrico, es decir, sin coste para los consumidores.
La subasta, tecnológicamente neutra, ha permitido adjudicar únicamente las instalaciones económicamente más eficientes. Así, por medio de la subasta competitiva, cada promotor adjudicatario ha pujado a la baja, seleccionándose las ofertas que supongan la mayor reducción en la inversión inicial respecto a los parámetros fijados como referencia en cada tipo de instalación.
Balance de 2017
Junto con la subasta del pasado mes de mayo de 2017, se han adjudicado un total de 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. Esta distribución garantiza un mix equilibrado con participación de todas las tecnologías.
Los resultados de las subastas celebradas en 2017 permitirán a España avanzar definitivamente en el cumplimiento de los objetivos de introducción de renovables establecidos por la UE para 2020. España alcanzó en 2015 un 17,3% de consumo de energía renovable sobre el consumo de energía final, sensiblemente por encima del objetivo que exigen las Directivas Europeas para España en dicho año y por delante de los principales países de la UE.
Los proyectos adjudicados tendrán que estar en funcionamiento antes de 2020. Para garantizar la solvencia de las ofertas recibidas se ha establecido un sistema de garantías económicas que, conforme se vayan cumpliendo hitos en la ejecución de los proyectos, irán siendo devueltas progresivamente a los promotores.
El resultado de la subasta ha sido validado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien ha verificado que la misma se ha realizado de forma competitiva, objetiva, transparente y no discriminatoria.