El presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, Avebiom, Javier Díaz, entregó el pasado 13 de marzo un informe a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el que propone al Gobierno la implantación de un impuesto específico sobre las emisiones de CO2 en España, “como método de alcance general más eficaz para combatir el cambio climático”.
Avebiom considera que el impuesto sobre el carbono es un instrumento fundamental y la manera más eficiente de aplicar el principio de «el que contamina, paga» a la cuestión climática. Es la forma más sencilla de comenzar a reducir el uso de combustibles fósiles, mejorar la eficiencia energética y hacer que las energías renovables sean más competitivas.
Además, la asociación indica que la tasa del CO2 puede mejorar la balanza comercial y la seguridad energética de nuestro país; y al mismo tiempo, reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de carbono, mitigando el cambio climático. Se añade la ventaja de que es fácil de aplicar, fácil de calcular, puede ser fiscalmente neutra y dinamiza la economía del país.
Dos casos de éxito, Suecia y Francia
Según Avebiom, quince países han implementado o han aprobado legislaciones para la aplicación de un impuesto directo sobre el carbono. Entre ellos destacan dos estados, Suecia y Francia. En el primero, desde 1990 que se introdujo la tasa de CO2, el PIB se ha incrementado en un 60%, las emisiones de GEI se han reducido en un 25% (entre 1990 y 2014) y el uso de la bioenergía se ha duplicado.
En el caso de Francia, en 2016, el impacto sobre el presupuesto de los hogares ha sido de unos 83€/año de media comparado con 2013. El 75% de lo recaudado entre 2014 y 2016 se han utilizado para fomentar la innovación y la competitividad en las empresas; y el 25% restante se ha destinado a reducir los impuestos a los hogares con bajos ingresos.