El Ayuntamiento de Murcia, de la mano de las entidades implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ha diseñado un plan que permita afrontar con eficacia la lucha contra la pobreza energética en el municipio y proteger al mismo tiempo a las familias en situación más vulnerable. Así, el modelo creado se centra en el ámbito de actuación de la administración local, con la colaboración de las entidades sociales implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el resto de organizaciones vinculadas con el consumo y las propias empresas relacionadas con la producción, transporte, distribución y comercialización de energía en el municipio.
El documento fue presentado el jueves 3 de febrero por esta mañana por Conchita Ruiz, concejalade Derechos Sociales, acompañada por representantes de las ONGs que constituyen el grupo de trabajo de la Red para la Inclusión Social que han participado en la elaboración: Cruz Roja, Cepaim, Cáritas, Administración Regional y trabajadores sociales del Ayuntamiento.
Medidas preventivas y correctivas contra la pobreza energética
Según los datos recogidos en el documento, en el municipio residen 7.000 familias con riesgo alto o muy alto de padecer pobreza energética y casi 11.000 familias con riesgo medio. Para todas ellas se ha elaborado un plan que contiene medidas preventivas y correctivas para actuar en tres niveles: el precio de los recibos, la renta familiar y las condiciones de la vivienda. En las medidas preventivas se reúnen acciones de información y formación orientadas al uso racional de la energía y a la optimización de los servicios contratados, así como las destinadas a la mejora de la eficiencia energética y el aislamiento térmico de las viviendas.
El segundo bloque de medidas, las correctivas, se orientan a hacer frente a situaciones de urgencia mediante un sistema de ayudas, interviniendo en hogares con amenaza de corte de suministro, con pobreza energética o con deficiencias que inciden en el consumo de electricidad. Entre estas medidas se encuentra el establecimiento de un registro de consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, la puesta en marcha de un sistema ágil de comunicación con las empresas suministradoras para acreditar las situaciones de exclusión social y priorizar las ayudas de emergencia social para evitar el corte de suministro cuando haya afectados menores, dependientes, personas con discapacidad o enfermos crónicos.
Asimismo, se contempla promover un sistema de ayudas para pequeñas adaptaciones domésticas vinculadas al ahorro energético: grifos con menos caudal, bombillas led, eliminación de bañeras, aislamientos en ventanas, etc., junto con la creación de un fondo destinado a financiar reformas integrales de viviendas de familias sin recursos que no puedan acceder a las convocatorias ordinarias de subvenciones por no poder aportar la parte correspondiente a la financiación que se les exige.