La Generalitat de Cataluña y las administraciones provinciales y locales catalanes han consensuado una propuesta de convenio para que las empresas suministradoras que aún no lo han hecho se adhieran a la lucha contra la pobreza energética. También han acordado un nuevo protocolo de actuación para evitar los cortes en el suministro.
La Generalitat, el área Metropolitana de Barcelona (CON), el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la Federación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios de Cataluña han formulado una propuesta común de convenio para ofrecer a las suministradoras de servicios básicos que aún no han llegado a ningún acuerdo de colaboración con la Generalitat para hacer frente a la pobreza energética.
La figura del convenio está incluida en la Ley 24/2015 para buscar vías de colaboración y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza energética. La propuesta de convenio recoge diferentes compromisos por parte de las suministradoras. Por un lado, establece que se dirigirán a los servicios sociales municipales para solicitar su informe acreditativo antes de proceder a cualquier interrupción.
Colaboración y corresponsabilidad
También facilitarán a los usuarios toda la información relativa a sus derechos. Además, el convenio contempla que las empresas suministradoras de gas y electricidad colaborarán con las administraciones a la hora de hacer frente a los gastos derivadas de la pobreza energética.
En este sentido, mediante medidas como la aplicación de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada o aportaciones económicas directas, las operadoras tendrán que cubrir como mínimo el 50% del coste de la pobreza energética en Cataluña, incluida el gasto que supone para las administraciones la gestión de estas situaciones.
Bono social, auditorías energéticas, facturas claras y ventanilla única
También tendrán que promocionar el bono social y la optimización de la potencia contratada. El convenio también prevé que las compañías suministradoras adapten su servicio a las necesidades de las personas en situación de riesgo de exclusión residencial, con medidas como por ejemplo la realización de auditorías energéticas gratuitas, proporcionar al usuario información completa y comprensible sobre su consumo e informar sobre las posibilidades y alternativas para mejorarlo. Otra medida propuesta es la creación de una ventanilla única para trámites como el cambio de potencia y de contratación, problemas de carencia suministro o incidencias de facturación.
Finalmente, las operadoras también se comprometen a facilitar a los servicios sociales municipales un listado mensual de personas con facturas impagadas y los cortes de suministro efectuados, de forma que se pueda disponer de una visión global sobre la pobreza energética en Cataluña.