Según la encuesta de condiciones de vida del 2015 realizada por el Institut de Estadística de Cataluña, la pobreza energética ha afectado un 7% de los catalanes durante el último año. Este hecho sitúa el territorio catalán por encima de la media española (6,3%) y provoca que hasta 511.551 personas hayan tenido problemas para pagar las facturas de suministros en Cataluña.
El presidente del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña, Albert Mitjà, ha destacado “la importancia de luchar contra esta situación mediante la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios”. Mitjà también ha propuesto “adaptar medidas europeas como las alemanas o belgas, en las cuales parados de larga duración se forman para informar de la situación y llevar a cabo auditorías energéticas en los hogares”.
La principal medida que hay en Cataluña para afrontar la emergencia en la vivienda y la pobreza energética es la Ley 24/2015. Ésta quiere garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial.