Las políticas de rehabilitación de edificios que llevan a cabo las Comunidades autónomas no responden a estrategias globlales de intervención sobre el parque edificado, sino que aún se apoyan sobre un modelo tradicional de gestión de recursos. Esta es una de las conclusiones del último informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), coordinado por Fundación CONAMA y Green Building Council España, que se ha presentado en la sede del COAM de Madrid.
El trabajo, realizado por Albert Cuchí e Ignacio de la Puerta, es un completo diagnóstico de la situación de la rehabilitación de edificios en las distintas comunidades autónomas, mostrando sus principales líneas de actuación y el estado actual de su desarrollo, así como las principales barreras que se han detectado para el crecimiento del sector en cada una de ellas.
El diagnóstico se ha realizado tras diversas reuniones de trabajo con los directores generales de vivienda de las comunidades autónomas y por medio de un cuestionario remitido y contestado por 16 de ellas.
El informe también revela que las políticas de rehabilitación de las comunidades no guardan conexión con las estrategias de ámbito estatal y deben ir acompañadas de una hoja de ruta que responda a objetivos específicos de calidad, que establezca plazos concretos y considere los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Este diagnóstico contiene también una relación de las principales barreras y problemas comunes detectados para arrancar el sector de la rehabilitación de las comunidades autónomas, así como los puntos clave para armar políticas de futuro en este ámbito.
Antigüedad del parque edificado
El informe realiza un análisis comparado por comunidades autónomas de las condiciones del parque residencial, desde el número de viviendas existentes en cada una de las 16 comunidades autónomas analizadas, hasta su relación con la población de las mismas. También establece un ranking de las viviendas más antiguas (construidas antes de 1980) y que está encabezado por el País Vasco, Cataluña, Aragón y Madrid. Son éstas precisamente, junto con Andalucía, las comunidades que más esfuerzo inversor realizan en materia de rehabilitación de edificios.
Para Albert Cuchí, uno de los autores del informe, la antigüedad de buena parte del parque de edificios residenciales permite suponer carencias significativas en el ámbito de la eficiencia energética, que es uno de los objetivos de mejora que debe adquirir el parque para cumplir con los objetivos que las directivas europeas exigen
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Condiciones sociales y vivienda
Pero además de la antigüedad del parque edificado, el informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación presta atención a las condiciones sociales de cada comunidad, su porcentaje de riesgo de pobreza energética y su capacidad de intervenir sobre el parque edificado.
En este sentido, Ignacio de la Puerta, coautor junto a Cuchí del informe, afirma: La capacidad de los hogares para hacer frente a los costes de la rehabilitación se ha deteriorado con la crisis y, para un porcentaje significativo de la población, los costes de la energía de los hogares ya son excesivos
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Las diferencias de renta –y de su distribución interna- entre las comunidades autónomas revelan que estos problemas no están directamente correlacionados con la severidad climática. De hecho, manifiestan un mayor porcentaje de hogares con temperaturas inadecuadas comunidades autónomas como Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía que Castilla-León, Madrid o Aragón.
Líneas de actuación y desarrollo de la rehabilitación
El trabajo realizado concluye que excepto Cataluña con la Estrategia Catalana de Renovacion Energética de Edificios (ECREE), el resto de comunidades autónomas no dispone de una estrategia propiamente dicha (con objetivos, líneas estratégicas y su correspondiente plan de acción), sino de convocatorias de ayudas o planes a corto plazo y con objetivos genéricos.
Del informe también se pueden extraer otras interesantes conclusiones como el porcentaje de ayudas públicas destinado a rehabilitación de edificios en cada comunidad o la relación entre la inversión pública y el número de edificios y viviendas rehabilitados.