Según APADGE, la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos, la profesión de gestor energético moverá alrededor de 178 millones de euros en Andalucía, con unas perspectivas de crecimiento sectoriales de un 12,60% para 2017. La profesión de gestor energético podría generar, hasta el año 2030, unos 100.000 puestos de trabajo en Andalucía.
Para que estas perspectivas de empleo se produzcan, la asociación indica que será necesario que desde la Junta de Andalucía se mantenga una hoja de ruta firme en torno a los compromisos establecidos a través de sus dos principales instrumentos en materia de ahorro y eficiencia energética: la Estrategia Energética Andalucía 2020 y el Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación de Andalucía Horizonte 2020.
Uno de los perfiles profesionales más idóneos para convertirse en gestor energético es el de los aparejadores y arquitectos técnicos. La figura del gestor energético supone una oportunidad laboral muy interesante para estos profesionales, ya que la rehabilitación edificatoria exigirá cada vez más la intermediación de gestores energéticos, que podrían, a su vez, compaginar esta actividad con las propias del proyecto arquitectónico.
Para APADGE el camino no ha hecho más que empezar, ya que, como toda nueva profesión, la del gestor energético se enfrenta a algunos importantes retos, los más importantes asociados a la falta de conocimiento sobre esta figura profesional y a los malentendidos en torno al concepto de eficiencia energética.
La certificación energética, que desde el 1 de junio de 2013, y según el RD 235/2013, es obligada para todos los edificios de viviendas y de uso terciario nuevos y para las transacciones de compraventa o de alquiler de edificios ya existentes y para edificios públicos, ha venido a poner de manifiesto, después de transcurridos tres años desde su entrada en vigor, la gran confusión y los malentendidos existentes en torno a la eficiencia energética, y la necesidad de regular la figura del gestor energético para evitar malas prácticas e incluso procedimientos fraudulentos.
Así, como denuncia APADGE, en lo que va de año en Andalucía se han certificado unas 70.000 viviendas. Sin embargo, más del 98% de estas certificaciones se han acogido a la categoría más baja de certificación (G). Ello se debe a que la certificación es considerada por los propietarios como un fastidioso trámite burocrático, lo que repercute negativamente sobre la imagen del sector y distancia a la certificación de su verdadero objetivo, que es mejorar la eficiencia energética.
Aunque la Junta de Andalucía ha sido pionera en España, al ser la primera en definir la figura profesional del gestor energético, la Administración debe realizar más esfuerzos para evitar el intrusismo y las malas praxis, contribuyendo a normalizar y sentar las bases de este sector en la región.