La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de Valencia ha acordado ampliar el plazo de solicitud de subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares con riesgo de exclusión social hasta final del ejercicio, tal y como publica el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
El objetivo de esta orden es la concesión de subvenciones a los municipios, mediante concurrencia competitiva, para evitar el corte de los suministros de energía eléctrica, agua y gas a las familias más vulnerables, así como el alquiler a las familias que han sido desahuciadas.
En este sentido, hay que destacar que ya se ha iniciado el trámite de las primeras resoluciones para proceder al pago de las ayudas, tanto para garantizar suministros básicos como para el alquiler, y que ascienden a un importe de 718.000 euros. Esto supone que, por el momento, 4.585 familias de toda la Comunitat se han beneficiado de estas ayudas de la Generalitat que se tramitan a través de diferentes ayuntamientos.
Hay que recordar que la Generalitat ha presupuestado este año, por primera vez, ayudas para garantizar el acceso a los suministros básicos de energía y agua potable a familias con riesgo de exclusión social. Los destinatarios de la subvención son los municipios de la Comunitat Valenciana. De esta forma, cuando los servicios sociales de los ayuntamientos detectan el caso de una persona o familia en situación de vulnerabilidad, con serias dificultades para el pago del suministro de electricidad o de gas, o que ya ha sufrido la suspensión del suministro, realizan una valoración para determinar si pueden ser beneficiarios de la ayuda.
Si reúne los requisitos, los servicios sociales lo ponen en conocimiento de las empresas suministradoras y de la conselleria y se paraliza el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas.
Las ayudas para evitar la pobreza energética son, en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas, de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año y, en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Asimismo, podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros, en el caso de que se haya producido su corte.