El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una iniciativa presentada por la portavoz, Rita Maestre, y por el delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, para que los edificios de titularidad municipal que se construyan en el futuro tengan un consumo energético cero e incluso un balance positivo de energía consumida, una decisión que va más allá de cumplir con la directiva europea que obliga a que en 2018 el consumo de todos los edificios públicos sea prácticamente nulo.
El Ayuntamiento está trabajando para implantar energías renovables en los edificios municipales de nueva planta y en las rehabilitaciones integrales de los inmuebles existentes, siguiendo las resoluciones de países como Francia, Holanda, Dinamarca o Alemania, que han definido los edificios de energía casi nula como edificios de ‘energía positiva’, y por tanto, proyecta conseguir que los edificios de las instituciones públicas madrileñas no sean consumidores, sino productores netos de energía renovable.
En esta línea está trabajando el Grupo de Trabajo de Eficiencia Energética formado por representantes de las áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Medio Ambiente y Movilidad, Economía y Hacienda, y Cultura y Deportes, la Empresa Municipal de la Vivienda y la Universidad Politécnica de Madrid.
El grupo de trabajo también estudia la implantación de sistemas para reducir el consumo de agua e introducir una mayor presencia de elementos naturales, como plantas o árboles, en los inmuebles municipales. También se ha propuesto la revisión de los pliegos de mantenimiento y conservación de edificios municipales, para incluir nuevas tecnologías enfocadas a la introducción de sistemas de eficiencia energética.
Además de alinearse con la directiva europea, el Ayuntamiento quiere jugar un papel ejemplificador y señalar el camino de lo que deben ser las actuaciones de urbanismo sostenible. Además, para abrir nuevas vías con el objetivo de obtener energía positiva en edificios, el Ayuntamiento también estudia la posibilidad de instar al Gobierno a aprobar un nuevo decreto de autoconsumo eléctrico que permita el balance neto.