Las Administraciones Públicas españolas licitaron entre 2009 y 2014 un total de 270 proyectos de servicios energéticos con un volumen presupuestado total aproximado de 2.500 millones de euros, según los datos recogidos en el informe “Las licitaciones de servicios energéticos en el sector público”, elaborado por la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen). No obstante, el informe apunta que las políticas y los planes de los distintos gobiernos no se están llevando a cabo de acuerdo a las previsiones iniciales.
Tipo de organismo licitador
De los 270 contrataciones tramitadas en el periodo estudiado, 198 (el 73%) pertenecen a entidades locales, lo cual indica que en los ayuntamientos sí se están realizando licitaciones de los servicios energéticos. Por el contrario, parece que el modelo no está cuajando en la administración general del estado, donde sólo se han llevado a cabo 8 proyectos (el 3% del total). Lo mismo se puede decir de la administración autonómica, que con 64 proyectos supone un 24% de las licitaciones, aunque la mayoría de éstos corresponde a edificios propios de la administración autonómica y a agrupaciones de pequeños municipios, gestionados a nivel de Diputaciones y mancomunidades.
Nos encontramos, por tanto, ante una situación que el informe califica de «estadio inicial del desarrollo de este tipo de contratos», y añade que su potencial de desarrollo sigue siendo muy alto.
Distribución de las licitaciones por organismo licitador
Según estos datos, el estudio destaca que las políticas y los planes de los distintos gobiernos no se están
llevando a cabo de acuerdo a las previsiones iniciales. El plan 330 de la AGE suponía que en el 2016 deberían estar licitadas y adjudicadas a una ESE todos los edificios propuestos.
Sin embargo, un dato positivo que se puede extraer del informe de EnerAgen es que en todas las comunidades autónomas se ha licitado algún tipo de servicio energético en las instalaciones públicas, salvo en La Rioja, destacando Cataluña, Madrid y Andalucía, que ocupan las posiciones de mayor desarrollo, superando entre las tres el 50% de las licitaciones realizadas.
Castilla La Mancha, Castilla y León, Valencia y Murcia se sitúan en un estadio medio de desarrollo, con más de 10 proyectos, mientras que en el resto de comunidades las licitaciones son prácticamente testimoniales (menos de 10 proyectos).
Distribución de las licitaciones por CCAA
Si analizamos los datos en términos relativos, licitaciones per cápita, se observan ciertas variaciones frente al global. En este caso, destacan las CCAA de Cataluña, Asturias y Murcia mientras que Andalucía desciende de la 3ª a la 11ª posición y ascienden Castilla y León, País Vasco, Cantabria y Extremadura.
Licitaciones de Servicios Energéticos por CCAA por cada millón de habitantes
Tipo de servicio
El informe elaborado por EnerAgen también analiza el tipo de servicio energético licitado por las Administraciones Públicas. En este sentido, destacan los proyectos de alumbrado y las licitaciones de edificios, con un 47,4% y un 28,5% del total, respectivamente.
En tercer lugar comienzan a ganar peso los proyectos de biomasa, ligados principalmente a una tipología de edificios de elevado consumo térmico como polideportivos, hospitales y residencias. La distribución de este tipo de contratos por comunidades autónomas está ligada a regiones (Cataluña, Castilla y León y Andalucía) con un alto desarrollo de aprovechamientos forestales y, por tanto, disponibilidad de la biomasa utilizada.
Finalmente, los proyectos de licitación conjunta de edificios y alumbrado representan un 10% del total de las licitaciones identificadas y pertenecen en su totalidad al ámbito municipal. La licitación conjunta de edificios y alumbrado, al igual que la agrupación de municipios, constituye una buena alternativa para la ejecución de servicios energéticos por parte de entidades locales, ya que ambas soluciones permiten conseguir un volumen presupuestario crítico que haga viable la licitación.
Tal y como se explica en el informe que nos ocupa, destacan claramente los ayuntamientos como principales promotores de licitaciones de servicios energéticos en las cuatro variables posibles (alumbrado, edificios, mixta y biomasa), mientras que los contratos de servicios energéticos en edificios son los únicos que se han licitado hasta ahora por parte de la A.G.E., en el marco de los planes de impulso 330 y 2000 ESEs.
En los gráficos inferiores podemos observar claramente que los ayuntamientos fueron los autores del 88% de los proyectos de alumbrado, mientras que en este ámbito los edificios estamentales no iniciaron ninguno. Algo similar sucede en el caso de las licitaciones conjuntas de edificios y alumbrado, donde las administraciones locales representan el 96% del total frente a la inexistencia de este tipo de contrataciones por parte de la A.G.E. Lo mismo podemos decir de la biomasa.
Licitaciones por tipología y organismo licitador
Por su parte, en las administraciones autonómicas se han tramitado los cuatro tipos de proyectos, con especial peso en las licitaciones de servicios energéticos en edificios.
El informe destaca también el hecho de que la agrupación de municipios pequeños en una sola licitación constituye una buena alternativa para la ejecución de servicios energéticos en dichas poblaciones, al igual que la unión de edificios y alumbrados. Ambas soluciones permiten conseguir un volumen presupuestario crítico que haga viable la licitación.
Evolución temporal y volumen de licitación
También se ha analizado las licitaciones desde el punto de vista de las fechas de licitación, observándose una evolución creciente experimentada en el número de licitaciones a raiz de la implementación en 2009 de las políticas de apoyo a través del Plan 330 y el Plan 2000ESE.
Finalmente, el estudio de EnerAgen indica que el sector de los servicios energéticos mueve un volumen de licitación que sobrepasa los 3.000 millones de euros, generando un volumen de adjudicación entre los 2.500 y los 2.800 millones de euros. Es necesario señalar que el volumen presupuestario representa el importe total durante la duración de contrato e incluye todas las prestaciones: el suministro de energía, el mantenimiento y la propia inversión.
Estudios de casos prácticos y buenas prácticas
El estudio recoge en una segunda fase una serie de buenas prácticas y recomendaciones identificadas para cada fase del proceso de licitación, fruto del análisis detallado de los pliegos de una muestra específica de las licitaciones identificadas en la primera fase.
Cualquier proyecto ESE debe partir de un estudio, auditoría energética o análisis técnico de las instalaciones que se van a licitar. En base a este estudio se establece la inversión requerida para realizar las mejoras con las que conseguir un determinado ahorro. A continuación se debe tomar la decisión de acometer o no el proyecto y valorar las condiciones en las que se debe realizar. A partir de esa decisión (que debe aunar criterios técnicos, políticos y financieros) se desencadena todo el proceso: reacción de pliegos, licitación, comparación de ofertas, adjudicación, ejecución y seguimiento.
Conclusión
Por último, y a modo de conclusión, destacamos una reflexión extraída del propio informe. El potencial de ahorro de las instalaciones con titularidad de la administración es muy elevado, en la mayoría de los casos debido a unas instalaciones obsoletas, a una inadecuada o no especializada gestión de las mismas y a una ineficaz adecuación de todos los temas relacionados a las condiciones actuales de normativa que les afecta, contratación de suministros energéticos y a las inversiones que se deben realizar para desarrollar el potencial de ahorro
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