La presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha presidido la reunión de la Mesa de la Pobreza Energética, convocada para arbitrar soluciones para las familias en situación de pobreza energética. Armengol ha destacado la importancia del trabajo conjunto de todos los organismos y empresas asistentespara que no haya en Baleares ninguna persona a quien, por falta de recursos, se le corte el suministro energético, con planes inmediatos y otros a largo plazo que garanticen un apoyo a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable.
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Como primera medida, el Govern ha anunciado a los miembros de la Mesa de la Pobreza la creación de un fondo autonómico para el rescate energético, que, para el 2016, estará dotado ya con 200.000 euros. La previsión es que este fondo de rescate se nutra de aportaciones tanto de fondos públicos como de fondos que puedan aportar las compañías eléctricas. Por su parte, el Govern garantizará una aportación anual al fondo de rescate energético, al cual destinará anualmente parte del dinero que se ahorre en función de las medidas de ahorro energético que se pondrán en marcha en paralelo al nuevo contrato de suministro energético, que supondrá la compra únicamente de energía renovable.
Además de anunciar la creación del fondo autonómico de rescate energético, el Govern ha planteado a las compañías distribuidoras y comercializadoras eléctricas la necesidad de fijar una moratoria de cortes de suministro durante el invierno para las familias que no puedan pagar los recibos por su situación.
Las eléctricas han acogido con buena disposición la propuesta de moratoria para que no se corte la electricidad a nadie durante el invierno por no poder pagar la factura. Al mismo tiempo que se abordarán las situaciones de emergencia, se trabajará en la articulación de un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo. Es decir, se definirá cómo actuar para evitar el corte de suministro a una familia, con garantías para todas las partes afectadas.
El objetivo es actuar antes para evitar que se corte el suministro a estos hogares. Se plantea de entrada un procedimiento de evaluación y posibles soluciones, que irán concretando los miembros de la Mesa y en las cuales tienen que estar implicadas todas las partes: las eléctricas tienen que asesorar sobre cuál es la tarifación más adecuada para cada caso y tienen que plantear los casos de riesgo, y los servicios sociales tienen que evaluar la situación concreta en función de los ingresos, los recursos, el número de personas dependientes del hogar o la percepción de ayudas sociales.