El Gobierno de Castilla-La Mancha e Iberdrola han firmado un convenio mediante el cual se comprometen a proteger a las familias de la región en situación de pobreza energética.
El acuerdo ha sido ratificado esta mañana en Toledo por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el delegado comercial de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Antonio Armengot, en presencia del director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara.
El objeto del convenio sellado hoy se encuadra dentro del compromiso de las dos instituciones en el marco del Plan Regional contra la Pobreza Energética y establece los mecanismos de coordinación necesarios para evitar la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura a los ciudadanos en situación de pobreza severa y con menores a su cargo; así como asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión del servicio. Todo ello durante los meses de invierno.
La protección a la que se refiere el acuerdo es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola, residentes en Castilla-La Mancha, y puedan, previa valoración técnica y solicitud de los servicios sociales de atención primaria, ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de pobreza energética.
En el marco del convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año y será prorrogable por el periodo que ambas partes determinen, Iberdrola se compromete a no suspender el suministro de electricidad y/o de gas a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión de la citada prestación económica, que tendrán que destinar a la satisfacción de la deuda derivada de dicho suministro.
Asesoramiento energético
Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha y a los beneficiarios de estas ayudas el asesoramiento en materia de eficiencia energética, así como la información y la formación en aspectos relacionados con el objeto del acuerdo.
Finalmente, ambas instituciones han acordado crear una comisión de seguimiento del convenio para la protección de los clientes en situación de vulnerabilidad, a la que aportarán dos miembros cada una.