Queremos manifestar públicamente nuestro frontal rechazo al nuevo proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, que el gobierno ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el inicio de su tramitación.
Consideramos que este proyecto de RD constituye un nuevo ataque a la posibilidad de desarrollar en España un sector energético democrático, sostenible, de baja huella de carbono, de generación distribuida e independiente de los intereses que no se basen exclusivamente en criterios medioambientales, sociales, de eficiencia energética, que sean económicamente sostenibles y, en definitiva, de la optimización de los recursos disponibles.
Este proyecto de RD presenta en su globalidad incontables contradicciones y propone tanto impedimentos económicos como burocráticos al autoconsumo, desincentivando por completo este tipo de instalaciones. Contradice de forma flagrante las directivas europeas a las que precisamente hace referencia en la introducción y justificación del RD. Entre otros aspectos, mantiene elementos disuasorios como el peaje de respaldo, de una forma incluso peor que en la anterior propuesta de RD, ya que añade un término fijo, además del variable, a dichos peajes; o las trabas añadidas a los procedimientos de autorización y conexión a redes de transporte y distribución, de manera injustificada, para aquellas instalaciones en las que se garantiza que no habrá inyección de energía a la red, eliminando “de facto” la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda, libremente, disponer de una instalación de autoconsumo en el interior de su instalación eléctrica, garantizando que no inyecta energía en la red y por tanto haciendo un uso 0 de la misma.
Además añade nuevas imposiciones, muy difíciles de justificar desde una óptica social, y tampoco justificables técnica o económicamente.
En primer lugar, es destacable el hecho de que el RD condena a los ciudadanos que sufren pobreza energética, como se desprende de apartados como el 8.2 y el 8.3, donde se indica que el consumidor con autoconsumo “no tendrá´ derecho a ninguna modalidad regulada de suministro” y perdería por tanto el derecho al bono social además de pagar por la totalidad de la energía que consuma, impidiendo a estos ciudadanos aprovechar las ventajas que una instalación de autoconsumo les aportaría en su desgraciada situación.
En segundo lugar, nos parece increíble el redactado de este mismo apartado 8.3, según el cual en ciertos casos (que pueden estar completamente fuera del alcance de actuación de un consumidor en autoconsumo) “toda la energía generada por la instalación de generación asociada pasará a ser cedida al sistema eléctrico, sin ningún tipo de contraprestación económica vinculada a dicha cesión” lo que a nuestro entender constituiría una expropiación en toda regla.
Destaca asimismo la paradoja de los territorios extrapeninsulares, en los que el texto reconoce la especial idoneidad del desarrollo del autoconsumo. Sin embargo, tan solo exime del pago del “impuesto al sol” en dichas regiones durante 4 años, tiempo insuficiente para amortizar la inversión y para incentivar por tanto su desarrollo.
Igualmente, la diferenciación entre instalaciones de potencia mayor o menor de 100kWp que además de ser un valor absolutamente arbitrario y que no tiene en cuenta aspectos básicos como las necesidades energéticas de la instalación consumidora, tiene implicaciones muy importantes. Entre ellas, la imposibilidad de que un productor con una instalación de más de 100kWp, pueda declararse a la vez consumidor y productor, obligando por tanto a dicho titular, primero a vender y luego a comprar, la energía que él mismo generara, costeando los distintos peajes asociados tanto a la compra como a la venta de la energía y aumentado así de forma totalmente innecesaria e incomprensible, los costes asociados a su consumo energético.
El proyecto de RD pretende la aplicación de los mismos peajes de acceso a la energía exportada por una instalación de autoconsumo, que a cualquier otra instalación generadora convencional. Es decir, las instalaciones de autoconsumo pagarían los mismos (y, según las circunstancias, incluso más) “costes del sistema eléctrico” por la energía generada y consumida por el propio productor o por su vecino, que una instalación donde la energía debe recorrer kilómetros para llegar a su destino final. Pero, además, este consumidor, tan cercano, volvería a pagar este mismo peaje de acceso, con lo que los costes finales de peaje de acceso asociados a la energía producida y consumida en el mismo punto, serían doblemente desproporcionados, en relación al uso real del sistema eléctrico que esta energía estaría realizando. Otro ejemplo más de trabas injustificadas a este modelo energético de generación distribuida que reduce tanto las pérdidas en la red como la emisión de CO2, con respecto al modelo centralizado tradicional.
No es objetivo de este manifiesto enumerar todas las trabas, contradicciones o arbitrariedades de este documento, ya que la lista sería demasiado larga. Creemos que los ejemplos aportados son suficientes para justificar nuestro frontal rechazo a un nuevo intento de impedir que este país se alinee con las directivas europeas y se dirija hacia la misma dirección que el resto de países europeos, que demuestran una real preocupación para reducir su dependencia energética, aumentar la eficiencia energética de su sistema eléctrico y contribuir a reducir el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente.
Finalmente, desde las asociaciones y entidades firmantes de este manifiesto no queremos dejar de señalar que, afortunadamente, existen sectores (por el momento, básicamente el industrial) donde, a pesar de las duras condiciones que impone el proyecto de RD, las instalaciones de autoconsumo continúan constituyendo una oportunidad viable técnica y económicamente, que aportan competitividad a la industria. Por ello, nos felicitamos, pues constituye una clara prueba de que los impedimentos legales podrán frenar, pero no impedir, el completo desarrollo de un sector que contribuye netamente al desarrollo de una sociedad más sostenible y democrática.
Las entidades firmantes se comprometen a hacer llegar este manifiesto a la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, responsable de las medida de la Unión Europea relativas a la política energética en general, la seguridad del abastecimiento de energía y la eficacia energética, así como al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y solicitar una reunión con cada organismo para poder defender lo que en este manifiesto se expone.
Las organizaciones del ámbito de las energías de toda España referidas a continuación:
A3E, HACER, ACTECIR, AGAEN, AGEM, AGIC, AIFOC, ANAE, ANPIER, APPA, APREAN, ASINCA, AVAESEN, CEEC, CETIB, CCOO Catalunya, COAMB, GGE, EOLICCAT, FENIE, FERCA, FUNDACIÓ ELECTROTÉCNICA CATALANA. FUNDACIÓN RENOVABLES, GremiBCN, SOM ENERGIA, UNEF, SOLARTYS y WWF.