Los fotovoltaicos españoles tienen previsto definir las acciones sociales, políticas, jurídicas y mediáticas a desarrollar a lo largo del año en la Asamblea General que celebrará la asociación que les representa, ANPIER, que tendrá lugar el próximo día 25 de abril en Madrid.
La reforma del sector renovable ha desmantelado al sector fotovoltaico español, las 62.000 familias que fueron animadas por el Estado a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica son ahora, una vez que han logrado madurar está tecnología, pasto de especuladores, que pretenden quedarse con estas instalaciones a precio de saldo, dado que el pequeño productor no puede asumir la cuotas de crédito bancario una vez que el Estado incumple sus compromisos de pago.
Al cambiar drásticamente la estructura de la amortización, el 100% de las familias productoras ha tenido que refinanciar o soportar los pagos mensuales con recursos propios. Lo que ha supuesto aportar garantías adicionales a los bancos, aceptando, además, tipos de interés más alto a cambio de extender los periodos de amortización, de tal manera que hiciera posible soportar los pagos mensuales. El 15% de los productores tienen mensualidades pendientes con las entidades bancarias que les aportaron la financiación, recordemos que el propio Ministerio impulsó este tipo de operaciones y recomendaba financiar el 80% de la inversión. El 79% de los productores debieron aportar garantías personales frente a la banca, sus propios hogares familiares en la gran mayoría de los casos. El 23% de los productores que financiaron, soporta, además un derivado financiero que les impide lograr algún alivio con la caída del Euribor durante los últimos años.
Para el Presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, está en cuestión la vigencia del propio Estado de Derecho cuando miles de españoles honestos son traicionados por su propio Estado, a los que encomienda una misión para luego arruinarles y estigmatizarles socialmente como culpables de todos los males del sistema eléctrico
, una maniobra que jamás podrán culminar, porque el Gobierno ha subestimado la capacidad de este colectivo de ciudadanos, que no cesará en la defensa de sus legítimos derechos
ANPIER concentrará sus acciones en los próximos meses del año con asambleas y campañas de movilización en todas las Comunidades Autónomas, 2.000 reclamaciones judiciales, fomentando el activismo entre su amplia masa social y lanzando campañas de comunicación que expliquen a la sociedad la situación que soportan y el marco que explica dicho atropello hacia las familias fotovoltaicas y hacia la sociedad en general, destapando todas las irregularidades del gravoso sistema energético impuesto por el Gobierno a sus ciudadanos.