ESEFICIENCIA: Javier García Breva es en la actualidad Presidente de N2E, y uno de los expertos en políticas energéticas más relevantes de nuestro país, asesorando en los campos de energía en edificación, seguridad jurídica en renovables y proyectos integrales de eficiencia energética, por ello nos gustaría conocer su valoración sobre la estrategia energética que se está llevando a cabo en España ¿Vamos en la dirección correcta? ¿qué se podría mejorar? ¿cumpliremos los compromisos que hemos adquirido con Europa?
Javier García Breva: Una economía moderna se debe basar en la abundancia de sus recursos propios y en la eficiencia de su gestión. Eso significa que la autosuficiencia energética y el ahorro de energía son la clave del futuro de cualquier país. La única energía propia, a coste cero e ilimitada que tenemos son las fuentes renovables. La política energética de España, al apostar por las energías fósiles, con una dependencia energética superior en más de 20 puntos a la media europea, y una reforma eléctrica que penaliza el ahorro de energía, se sitúa en la antípoda de lo que debiera ser una política energética racional.
El aumento de la sobrecapacidad gasista en plena crisis económica es un ejemplo de ello. Si en los últimos años se ha hecho evidente que la mayor producción de renovables reduce los precios de la energía, no se debe impedir que el consumidor se beneficie de ello paralizando la inversión renovable, levantando barreras al autoconsumo y manteniendo unos precios mayoristas referenciados al carbón y el gas, las fuentes más caras. Con la moratoria renovable de 2012 y el voto contrario a la Directiva de eficiencia energética España no cumplirá ninguno de los objetivos de renovables, eficiencia y CO2 para 2020.
Se sigue defendiendo un modelo energético obsoleto basado en el consumo de energía fósil e importada cuando en todo el mundo se ha iniciado la transición hacia la generación descentralizada con renovables, es decir, hacia un modelo energético basado en la demanda y la autosuficiencia energética.
ESEFICIENCIA: Recientemente, La Oficina de Javier García Breva ha publicado un nuevo Cuaderno IPM sobre Estrategias para financiar la Rehabilitación de Edificios ¿cuáles son las principales conclusiones que se pueden extraer de este informe? ¿qué podemos hacer para potenciar el sector de la Rehabilitación?
Javier García Breva: El objetivo clave para 2020-2050 es el de eficiencia energética porque es el que arrastra a los de renovables y reducción de CO2. A mayor eficiencia, mayor uso de renovables, menos emisiones y menos importaciones energéticas. La eficiencia supone un cambio en la cultura y uso de la energía. El escenario en el que se va a producir esa transición es el medio urbano, donde más energía se consume y más CO2 se emite. La edificación y el transporte son los sectores decisivos; por eso la rehabilitación de las ciudades es la condición necesaria para un modelo de economía sostenible orientada a la habitabilidad y la soberanía de los consumidores. Todos los escenarios consideran que los precios de la electricidad van a aumentar en los próximos años. La energía se convierte en el principal coste de explotación de un edificio y hace que la rehabilitación energética sea una ventaja competitiva que no solo reduce los costes energéticos sino que también es un instrumento de cohesión social. Las administraciones públicas deberían cuantificar los beneficios de la rehabilitación.
En el Cuaderno IPM se citan los ejemplos de Alemania o Reino Unido y la propia Comisión Europea estima que la eficiencia energética puede ahorrar hasta 100.000 millones a todos los hogares europeos, 465 euros por hogar en 2020. El segundo paso sería establecer objetivos de rehabilitación.
La Comisión Europea recomienda, como mínimo, un tasa del 2% de rehabilitación cada año de los edificios existentes y deberían ser objetivos vinculantes para dar seguridad a las inversiones. Finalmente, deberían facilitarse instrumentos financieros a través de los mecanismos previstos en la Directiva de eficiencia energética, la aplicación de los fondos europeos para 2014-2020, que tienen como principal objetivo la reducción del consumo de energía en hogares y empresas, y el desarrollo de normas que impulsen la eficiencia energética por parte de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas al ser las administraciones que concentran las competencias en urbanismo, que pueden facilitar el acceso a la financiación a los distintos segmentos de consumidores.
ESEFICIENCIA: Incidiendo en el tema de la Rehabilitación Energética, ¿Qué incidencia está teniendo en España? ¿cómo lo están afrontando las comunidades de vecinos? ¿ven accesibles las ventajas que ofrece la rehabilitación energética?
Javier García Breva: La situación es paradójica pues mientras contamos con una buena Ley 8/2013 de rehabilitación que establece la prioridad de las renovables y la eficiencia energética en las políticas públicas del medio urbano para favorecer la lucha contra la pobreza energética, el ahorro de energía y la autosuficiencia energética de los barrios, la reforma eléctrica lo hace inviable al penalizar el ahorro de energía con la subida del término de potencia en el recibo de luz. La estrategia de rehabilitación enviada a Bruselas deja fuera a las renovables, el balance de CO2 y los sistemas inteligentes por ser caros. El retraso de más de un año en la aplicación del RD 233/2013 del plan de vivienda 2013-2016 con ayudas a la rehabilitación es otra mala señal. A su vez, la Ley 18/2014 creó el Fondo Nacional de eficiencia energética pero todavía no funciona como tal fondo. Por el contrario, el balance de las certificaciones energéticas de edificios registradas da como conclusión que el 95% de los edificios necesitan actuaciones de rehabilitación por su baja calificación energética y para revalorizar el patrimonio con una mayor eficiencia energética.
Hay mercado de rehabilitación porque hay un nuevo perfil de consumidor que necesita abaratar sus costes energéticos; pero si las señales que se envían desde el Gobierno son contradictorias e inciertas será más difícil crear demanda de proyectos de rehabilitación y financiarla. Estamos en un momento decisivo donde las administraciones públicas deben dar señales claras al mercado de que apuestan por la rehabilitación.
ESEFICIENCIA: Otro de los aspectos que se analizan en el nuevo Cuaderno IPM es la aplicación de los instrumentos financieros que se proponen en la Directiva Europea de Eficiencia Energética, ¿qué valoración hace de esta Directiva? ¿cómo cree que será su transposición y aplicación real en nuestro país?
La Directiva establece cinco mecanismos de financiación: los ahorros en el recibo de la luz, el sistema de obligaciones de ahorro cada año del 1,5% de la facturación de las empresas que venden energía, medidas alternativas como impuesto al CO2, incentivos fiscales o estándares de eficiencia, acuerdos de colaboración con las entidades financieras y el Fondo nacional de eficiencia energética. En junio pasado terminó el plazo de transposición a las normas nacionales y a pesar de dos reales decretos, dos leyes y un decreto en borrador desde 2013, en España la Directiva se ha transpuesto de forma parcial, incompleta y dispersa; pero en lo que se refiere a financiación es difícil encontrar todavía señales de estímulo a la eficiencia energética porque la reforma energética incumple la Directiva de eficiencia energética 2012/27/UE y solo pretende garantizar los ingresos del sistema incentivando el consumo y obstaculizando el ahorro de energía.
ESEFICIENCIA: Por último, en este nuevo informe recientemente presentado nos gustaría conocer el grado de desarrollo de normas y fiscalidad, ¿qué papel juegan las Administraciones públicas en este sentido?
Javier García Breva: La citada Ley 8/2013 de rehabilitación así como las directivas de edificios y eficiencia energética establecen conceptos esenciales para la rehabilitación energética como el edificio de consumo casi nulo, óptimo de rentabilidad de la eficiencia energética, sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, certificación de la eficiencia energética, auditorías energéticas, contadores inteligentes, acceso de los consumidores a los servicios energéticos o incentivos al ahorro de energía. Los Fondos europeos para el periodo 2014-2020 comprenden más de 36.000 millones de euros para España y entre sus prioridades está el ahorro de energía en las viviendas y empresas y los proyectos urbanos integrales de eficiencia energética.
La naturaleza de los fondos europeos es ascendente, de lo local a lo nacional, y dado que los municipios y las regiones tienen transferidas todas las competencias de urbanismo, es desde la administración local y regional desde donde se puede crear la demanda de rehabilitación energética a través de instrumentos como las ordenanzas fiscales, las ordenanzas de edificación, los planes de ordenación territorial y municipal, simplificación administrativa, créditos blandos y garantías para las comunidades de propietarios.
Habrá dinero para rehabilitación si hay demanda de proyectos de rehabilitación. Los Ayuntamientos pueden incorporar a sus ordenanzas, de forma consensuada, todos estos conceptos para diseñar la ciudad sostenible a partir de la rehabilitación de sus edificios y barrios.