La justificación de las directivas de renovables y eficiencia energética que la Unión Europea ha aprobado desde 2009 ha sido garantizar que la trayectoria de los Estados miembros cumpla los objetivos de renovables, eficiencia y reducción de emisiones para 2020. Esta es la principal conclusión del nuevo Cuaderno IPM “El hilo conductor de las directivas europeas” que acaba de presentar La Oficina de Javier García Breva.
Europa aprobó en 2011 su Hoja de ruta hacía una economía baja en carbono para 2050 con objetivos del 90% de reducción de emisiones y 100% renovables. El Parlamento europeo, en su resolución de febrero de 2014, pidió que todos los Estados miembros deberían tener su propia hoja de ruta de energía y clima para 2050 vinculada a la política industrial, pero el Consejo europeo de octubre ha dejado libertad para que cada gobierno establezca el mix energético que mejor le parezca.
Países como Alemania, Dinamarca o Francia ya se han marcado objetivos superiores a los aprobados para 2020 y 2030 y disponen de una planificación energética baja en carbono para 2050 como instrumento de apoyo a la reactivación económica y de sus sectores tecnológico e industrial para mejorar la competitividad de su economía.
Las directivas europeas desarrollan tres principios: el reconocimiento expreso de los beneficios que las renovables aportan al sistema energético y cómo esos beneficios han de ser tenidos en cuenta a la hora de establecer las tarifas y tasas que se les aplican, de manera proporcionada y no discriminatoria. En segundo lugar, la prioridad de la eficiencia energética en la edificación y el transporte por su efecto de arrastre para la consecución de los objetivos de renovables y reducción de CO2. Y en tercer lugar, el papel activo del consumidor, como centro del sistema, a la vez generador y gestor de su demanda a través del autoconsumo y el acceso a su contador.
Las normas europeas plantean a los gobiernos la obligación de eliminar las barreras que obstaculizan el acceso de los consumidores a las renovables y la eficiencia energética. Su plena incorporación a las normas nacionales afecta al cumplimiento de los objetivos de energía y clima para 2020. Los efectos de la reforma energética, al frenar el desarrollo de las renovables y crear nuevas barreras a la eficiencia energética, provocarán desviaciones en la trayectoria de los objetivos que deberían tenerse en cuenta guardando la coherencia entre las normas europeas y la regulación nacional.
La política energética está obligada al cumplimiento de las directivas europeas porque definen un modelo energético con la prioridad de proteger el medio ambiente y la defensa de los consumidores como parte activa de la gestión de la demanda. Estos dos conceptos contienen la solución a todos nuestros problemas energéticos y no pueden ser excluidos de la reforma energética porque supondría el incumplimiento de las normas europeas.