El Gobierno catalán ha presentado en la Mesa sobre la Pobreza Energética su propuesta de Fondo de Solidaridad Energética, es decir, un mecanismo destinado a mejorar la situación de las familias en situación de vulnerabilidad económica que no pueden pagar los suministros vitales básicos.
El Fondo de Solidaridad Energética se gestionará mediante una fundación en que tomarán parte tanto el sector público, a través de la Generalitat, de las Diputaciones y de las entidades municipalistas, como las entidades sociales, y se nutrirá de recursos tanto de las administraciones como de aportaciones provenientes del sector privado, ya sea de las compañías suministradoras de servicios básicos, otras empresas con actuaciones en materia de responsabilidad social corporativa o de usuarios particulares.
Este fondo, que se prevé dotar con 40 millones de euros, garantizará la cobertura de la prestación de un servicio básico a las familias en situación de vulnerabilidad. «Estimamos que con esta partida se cubriría las necesidades generadas por la pobreza energética, y ahora estamos negociando con las empresas suministradoras y otras compañías cuál debe ser su implicación en el fondo, y también estamos estudiando cómo canalizar las aportaciones de usuarios particulares», detalló el secretario de Empresa y Competitividad, Pedro Torres.