La Diputación de Segovia ha auditado 48.874 puntos de luz de alumbrado público en toda la provincia y un total de 410 edificios municipales, dentro de las auditorías energéticas realizadas este año en prácticamente todos los pueblos de la provincia. La aplicación de todas las medidas de ahorro planteadas representaría un ahorro de 1,8 millones de euros anuales, según ha explicado su director general, Rodrigo Morell.
El presidente de la Diputación se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado, que «nos permite conocer cuál es la situación energética en toda la provincia», y que ha hecho posible, al mismo tiempo, la creación de empleo, pues han estado contratadas 28 personas.
La Diputación de Segovia es, además, la primera de Castilla y León en realizar este tipo de auditorías. Aunque en general los pueblos segovianos tienen un alumbrado bastante eficiente, «porque se han venido acogiendo a programas autonómicos o nacionales para eliminación de lámparas de alto consumo», explicó Rodrigo Morell, se podrían ahorrar en torno a 1,4 millones de euros anuales. Se trata de instalar luces que gasten menos y, en otros casos, de colocar lámparas que iluminen más, garantizando la calidad de vida de los vecinos.
También en los edificios públicos se podría obtener un ahorro considerable, cercano a los 400.000 euros, de acometerse distintas medidas, sobre todo referentes a la climatización de esos inmuebles.
Algunas de esas medidas serían poco costosas y tendrían un rápido retorno para los ayuntamientos, pero otras serían más caras y exigirían un mayor periodo de tiempo para obtener una rentabilidad. De ahí que la Oficina Provincial de Energía, dependiente del Área de Promoción Económica de la Diputación, haya comenzado ya las reuniones con el EREN para conocer qué medidas se podrían aplicar ya y a qué línea de ayudas europeas podría acceder la institución provincial, que no descarta tampoco habilitar algún tipo de subvención con sus propios fondos para ayudar directamente a los ayuntamientos.
Los equipos de Creara visaron primero el alumbrado público, recopilando datos sobre los puntos de luz y los centros de mando. Ello les ha permitido elaborar un plano digital y plantear posibles medidas de eficiencia energética.
Al mismo tiempo, han auditado los edificios municipales de más de 250 metros cuadrados, aunque la ley, de momento, exige solo certificado energético a los de más de 500 metros cuadrados. Así, la Diputación se adelanta a la legislación y pone a disposición de los ayuntamientos los certificados de eficiencia energética de los locales de 250 metros cuadrados, que no serán exigibles hasta dentro de dos años.
Como con este plan se busca la mayor eficacia, Creara ha puesto en funcionamiento una plataforma online llamada Genio en la que alcaldes y secretarios podrán obtener la información relativa a sus municipios.
Se calcula que la provincia se podría ahorrar hasta un 60% en alumbrado público, pero como el consumo en general es bajo, serían necesarios ochos años para que el retorno de la inversión realizada fuera completo.
En el caso de los edificios públicos, se puede conseguir un ahorro de en torno a un 21%, lo que representaría un ahorro anual de 400.000 euros. En este caso la inversión a realizar se recuperaría en un plazo de seis años.
En total el ahorro global posible asciende a 1,8 millones de euros. No obstante, para ello sería necesario realizar inversiones por valor de 14 millones de euros, que se recuperarían en un plazo de 7,8 años. Y aquí es donde pondrá ahora todos sus esfuerzos la Diputación provincial, es decir, en lograr el dinero necesario.