El Consejo de Gobierno de Andalucía ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra tres artículos y una disposición de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. A juicio de la Junta, estos preceptos vulneran las competencias autonómicas sobre energía en lo relativo al autoconsumo, poniendo en riesgo este elemento clave de la política de fomento de las renovables y limitando las posibilidades de un sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.
El recurso afecta a los artículos 9, 64.43 y 65.35, así como a la Disposición Final Segunda, cuyas determinaciones se traducirán en una reducción de la rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo hasta hacerlas prácticamente inviables. La norma estatal introduce unas condiciones técnico-económicas que, a la espera del posterior desarrollo reglamentario, anticipan ya un ‘peaje’ que gravará la electricidad autoconsumida. En palabras del portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, este «peaje al sol» solo contribuirá a «desincentivar la implantación y uso de las energías renovables».
El Gobierno andaluz subraya que en ninguna regulación internacional sobre esta materia existe una tasa parecida, que cambia las reglas del juego, lastra el desarrollo de las energías renovables y contribuye a agravar el continuo encarecimiento del precio de la electricidad, con el consiguiente perjuicio para las economías domésticas y empresariales.
En este sentido, Vázquez ha recordado que Andalucía muestra con este recurso su oposición una vez más a que el Ejecutivo central lastre el «desarrollo potencial» de la comunidad, y ha lamentado que, con esta norma, «vuelve a golpear al sector de las renovables y pone en riesgo el liderazgo de Andalucía en I+D+i».
Las instalaciones de autoconsumo, principalmente con energía solar fotovoltaica y mini-aerogeneradores eólicos, proporcionan una mayor independencia de la red eléctrica y suponen una mayor eficiencia al reducir drásticamente las pérdidas en distribución. Además, contribuyen a reducir el gasto energético en los edificios.
Esta fórmula que permite conectar a la red instalaciones de pequeña potencia para autoconsumo instantáneo, regulada por primera vez en 2011 y de gran proyección para avanzar en la sostenibilidad del modelo económico, está comenzando a despegar en Andalucía sobre la base de un sector empresarial, el de las renovables, que es líder a escala nacional. Actualmente, la comunidad cuenta con 27 instalaciones fotovoltaicas de este tipo con una potencia total de 549 kW.
Además de la vulneración de las competencias autonómicas, la Junta señala que la ley estatal carece del consenso con comunidades autónomas, empresas y consumidores. En este sentido, la decisión de presentar el recurso se produce tras la falta de acuerdo durante el proceso de diálogo con el Ejecutivo central en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación.
Freno a las renovables
El recurso autorizado se sumará a los presentados y admitidos a trámite en los dos últimos años contra otras cuatro normas estatales que ponen en riesgo el desarrollo de las energías renovables en Andalucía: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero; el Real Decreto Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social, y el Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
La última de estas normas ya incluyó los primeros cambios tarifarios en perjuicio del autoconsumo. Cuando entre en vigor su desarrollo reglamentario y el del real decreto que ahora se recurre, una instalación doméstica pequeña (0,25 kW) pasará casi a triplicar su periodo de amortización (de nueve a 23 años), lo que la haría inviable para cualquier usuario. En las de tamaño medio (del orden de 40kW) este plazo aumentará de nueve a 14 años, ejerciendo un efecto desincentivador para las inversiones empresariales.
En su conjunto, la Agencia Andaluza de la Energía calcula en unos 328 millones de euros anuales las pérdidas que provocan en la comunidad las nuevas regulaciones estatales y los cambios en el sistema de retribución, debido a la reducción del 11% en los ingresos de las plantas de producción con energías renovables, cogeneración y residuos.
Este impacto, que supone una quinta parte del ocasionado a escala nacional, pone en riesgo la viabilidad de estas instalaciones, que dan empleo directo a 3.800 personas en la comunidad autónoma.
La Junta recuerda que los cambios introducidos por este conjunto de normas, con la consiguiente inseguridad jurídica, han afectado a decisiones que los promotores habían adoptado al amparo de otras reglas. Esta situación ha supuesto dejar en el aire 950 proyectos con casi 12.000 millones de inversión en nuevas instalaciones, que podrían generar más de 38.000 empleos directos y 4.300 MW adicionales de potencia.
El Gobierno andaluz destaca que la inestabilidad regulatoria se traslada además a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos (en los últimos cinco años el kilowatio/hora ha aumentado un 40% en España, frente al 11% de la zona euro).
Las principales actividades perjudicadas son las de la energía termosolar, que concentra en la comunidad autónoma el 43% de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que Andalucía también es líder.
Actualmente, el 38,7% de toda la potencia eléctrica andaluza proviene de fuentes limpias como el sol, el viento y la biomasa, que también suponen el 43,2% de la electricidad que consumen los andaluces (6,6% en 2006). En relación con el consumo de energía primaria, su aportación representa el 20,6%. Estos datos sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza de España en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes.
Andalucía también sobresale en tecnología fotovoltaica (segundo puesto nacional) y ha multiplicado por más de cinco en los últimos siete años la potencia instalada con eólica. Este desarrollo ha permitido reducir entre 2000 y 2013 un 45% las emisiones de dióxido de carbono por unidad eléctrica producida.