La Fundación Renovables ha remitido a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de resolución en la que se insta al Gobierno a desarrollar la Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico, “en cuanto a la regulación de las modalidades de autoconsumo o autoproducción de energía, de forma que no resulten penalizadas en comparación con el consumo ordinario de energía de la red”. La Fundación espera que un buen número de grupos parlamentarios asuman esta iniciativa y la presenten para su debate.
En el texto enviado se afirma que “el denominado autoconsumo o autoproducción de energía eléctrica genera un conjunto de ventajas para el sistema eléctrico, la economía del país y la gestión energética de la ciudadanía” como la reducción de emisiones CO2, la implantación de energías renovables y eficiencia energética, la reactivación del sector de la edificación, creación de empleo, el ahorro de pérdidas en la distribución, la reducción del precio mayorista de la electricidad, la oportunidad para los ciudadanos y las empresas de reducir su factura energética y, sobre todo, otorga protagonismo a los ciudadanos en el sistema eléctrico.
La Fundación rechaza el contenido del proyecto de Real Decreto hecho público por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el 18 de julio de 2013, porque “introduce obstáculos prácticamente insalvables a la producción a través de las modalidades de autoconsumo o autoproducción, en la medida de que no introduce previsión alguna sobre balance neto –fundamental para su desarrollo– y, además, penaliza a los productores con la fijación de un peaje de respaldo superior al coste de la energía en el sistema”. A juicio de este “think tank” energético, la propuesta de normativa señalada es contraria a la tendencia existente en la evolución de los países de nuestro entorno.
“Entendemos –se afirma en la propuesta– que no puede prolongarse el actual limbo legal en el que se encuentra esta modalidad de generación y que esta demora revela una complicidad con aquellos que ven en ella una amenaza para su negocio actual, ignorando el derecho de los ciudadanos a dotarse de su propia energía.”
Por todo ello se pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a “desarrollar la Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico, en cuanto a la regulación de las modalidades de autoconsumo o autoproducción de energía, de forma que no resulten penalizadas en comparación con el consumo ordinario de energía de la red”. A estos efectos el futuro Real Decreto que deba regular la materia habrá de contener una previsión expresa de la posibilidad de aplicar el balance neto, ya que no lo impide la regulación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Por otra parte se afirma que el futuro Real Decreto “no incorporará ninguna medida que suponga que los autoconsumidores o autoproductores de energía deban asumir mayores obligaciones que los consumidores de la red de distribución, por lo que no se incluirá referencia alguna a pretendidos peajes de respaldo”. En esta línea, el art. 9.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se interpretará en el sentido de que los autoconsumidores o autoproductores han de participar con “los mismos” –no superiores– peajes, cargos y costes que correspondan a un consumidor no sujeto a las modalidades de autoconsumo.
Por último el texto insta a elaborar el proyecto de Real Decreto, “con el contenido señalado, con carácter inmediato, de forma que pueda aprobarse y entrar en vigor sin más demora y así dar respuesta a la ciudadanía que se encuentra a la espera de concreción de los trascendentales aspectos señalados”.