El Gobierno vasco y empresas de Euskadi, afectadas por las nuevas condiciones de la interrumpibilidad, han trasladado a Red Eléctrica Española su disconformidad con los cambios que quiere introducir el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el sistema eléctrico y su preocupación por la pérdida de competitividad que la nueva Reforma Energética supone para la industria vasca.
Asimismo, han presentado aportaciones para mejorar el nuevo sistema de interrumpibilidad. En este sentido, el Gobierno Vasco ha venido defendiendo en todo el proceso de la reforma la necesidad de implantar un servicio competitivo de interrumpibilidad que hiciese menos oneroso el coste de las tarifas de acceso.
En una reunión mantenida con Red Eléctrica, tanto el ejecutivo vasco como las empresas participantes (Gerdau Sidenor, Arcelor Mittal, Brisgestone Hispania, Nervacero, Smurfit, Tubos Reunidos Industrial y Ulma Forja, entre otras) han alertado de las consecuencias negativas provocadas por la Reforma Energética y han manifestado su preocupación por las nuevas condiciones que el Ministerio quiere imponer a las empresas acogidas a la medida de la interrumpibilidad en el consumo de energía.
La interrumpibilidad es un mecanismo de flexibilidad de actuación ante situaciones de necesidad de propio sistema, de cara a garantizar de forma rápida y eficiente la operación del mismo (excesos de demanda, caída de un parte del sistema, situación de emergencia por climatología, etc). Es decir, un mecanismo al que se prestan estas empresas de consumo intensivo, mediante el que interrumpen y paralizan su productividad cuando el sistema lo requiere en unas condiciones que venían acordadas pero que ahora les han sido alteradas.
Las propuestas concretas sugeridas por el Gobierno vasco y las empresas pasan por aplicar una interrumpibilidad que se ajuste a los procesos de producción existentes; incluir la figura del agregador para posibilitar la participación de un mayor abanico de empresas, así como modificar/revisar algunos de los criterios técnicos establecidos en relación con la disponibilidad mínima exigida, potencia verificable, etc. para posibilitar que las PYMEs puedan participar como ofertantes en el servicio incrementando la competitividad del mismo.