La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha iniciado una auditoría energética que, entre otros aspectos, incluye el estudio de cada farola para acabar con la contaminación lumínica del municipio. Un trabajo que realiza la adjudicataria del mantenimiento del alumbrado público, junto con el ingeniero técnico municipal responsable del Contrato de Gestión Energética, que incluye un barrido por todas las calles del municipio después de detectar que existe una saturación de elementos en muchos lugares del municipio que suponen una factura muy elevada para las arcas municipales.
Los técnicos comprueban la situación de las farolas así como su distancia y hacia dónde emiten la luz. En el caso de que superen los ratios marcados por la normativa proceden a desconectar estos dispositivos y luego a retirarlos. Se da la circunstancia de que existen calles en el tercer municipio de la provincia, con apenas 30 metros, dónde existen 11 farolas; otras en las que hay iluminación a ambos lados de una calle a escasa distancia, luminarias colocadas menos de 10 metros unas de otras, en lugares que no tienen tránsito o en calles dónde no hay viviendas o incluso en pasadizos de urbanizaciones y otras que iluminan patios de los chalés o aquellas que están colocadas desde hace años pero que nunca han funcionado. Ante esta situación, la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Noelia Álvarez, ha tomado esta medida como un primer paso para cumplir los objetivos de eficiencia y ahorro energético, más aún en la situación económica que vive el municipio.
“Me atrevo a decir que habrá pocas ciudades en el mundo que tengan un alumbrado público como el de San Andrés, en el que nunca ha importado gastarse millones en farolas sin buscar nunca la eficiencia energética y el ahorro para el ciudadano que tiene que hacer frente a una costosísima factura eléctrica”, precisó Noelia Álvarez que recordó que el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre) establece las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que debe de reunir el alumbrado exterior que únicamente es obligada su instalación en el caso urbano pero no en suelo rústico o urbanizable.
Un ahorro que se conseguirá en dos vertientes. Además de la factura, los elementos que se retiren servirán de repuesto o para instalarse en otras calles con una iluminación mucho más deficiente, de forma que el alumbrado público sea uniforme, una de sus principales características. El precio de cada farola oscila entre los 1.500 y 2.800 euros y, dependiendo del modelo, deben estar separadas unas de otra 15 metros o 35 metros para lograr un alumbrado público eficiente.
Las inversiones efectuadas en los últimos años en las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de San Andrés no han supuesto la reducción sustancial del consumo energético puesto que no ha habido una gestión adecuada de la energía, ni una gestión eficaz de las instalaciones. El uso irracional de la energía y la contaminación lumínica suponen un impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que, ante la escasez de recursos naturales se hace imperativo evitarse en la medida de lo posible.