La organización ecologista, Greenpeace, considera que la Ley del sector eléctrico desmantela el sistema de apoyo a las energías renovables, lo que perpetúa un modelo basado en el uso de fuentes contaminantes e incrementa la dependencia energética exterior durante las próximas décadas.
Para Greenpeace, los puntos más controvertidos de la Ley son:
- La supresión del sistema de apoyo a las energías renovables con carácter retroactivo.
- El mantenimiento del funcionamiento del mercado eléctrico dominado por las mismas grandes eléctricas, cuyo poder de mercado les permite determinar el precio de la energía eléctrica que pagamos y ocultar así los costes reales de la energía.
- El mantenimiento de los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado, a pesar de que no son necesarias debido al descenso de la demanda y a la penetración de renovables en el sistema.
- La falta de medidas para el cierre definitivo de centrales nucleares, de carbón o de gas que resultan innecesarias por la sobrecapacidad del sistema.
- La creación de un registro para el autoconsumo, que es una nueva forma de control para poder aplicar el nuevo «peaje de respaldo» que penaliza a quienes lo realicen.
La organización ecologíasta recuerda que la entrada masiva de energías renovables en el sistema ha bajado los precios de la electricidad en los primeros meses de 2013, un efecto positivo que no ha repercutido directamente en el consumidor. La reforma energética acaba definitivamente con el sistema de apoyo a estas energías limpias que colocaron a España como líder mundial en el sector y que cada vez más países han copiado o adaptado.
La entrada en vigor de la Ley en 2014 impedirá a España cumplir los nuevos objetivos europeos para 2030 y la hoja de ruta europea hacia la descarbonización y la dominancia de las renovables en el horizonte 2050. Según Greenpeace, la Unión Europea debe adoptar como objetivo 2030 que el 45% de la energía deberá proceder de fuentes renovables, para encaminarse hacia un sistema 100% renovable antes de 2050.