El director general de Energía y Minas, Ricardo González, ha inaugurado la jornada informativa en Castilla y León del Fondo ‘Jessica’, una ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en zonas urbanas. El encuentro ha sido organizado por el EREN, con la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y ha contado con más de ciento sesenta asistentes, principalmente representantes del sector de las administraciones locales, del sector energético y empresarial, representantes de ingenierías y numerosas empresas de servicios.
El IDAE ha trasladado a los asistentes las principales directrices y líneas de actuación de la iniciativa Jessica en España junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía (FIDAE) y el BBVA como adjudicatario del concurso para la gestión del programa en España.
El Fondo de Cartera Jessica Fidae tiene como propósito promover la implementación de proyectos urbanos de eficiencia energética y de uso de las energías renovables. Estos proyectos serán realizados, principalmente, por empresas de servicios energéticos u otras empresas privadas o público privadas, a los que el Fondo proporcionará la financiación adecuada.
El Fondo se constituyó mediante un acuerdo de financiación entre IDAE y BEI, aplicando los fondos FEDER relativos a los programas operativos regionales para 10 comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León, más el importe correspondiente al tramo de cofinanciación nacional.
Los beneficiarios de la financiación serán, fundamentalmente, empresas de servicios energéticos ‘ESEs’, por lo que si una entidad pública quiere beneficiarse de estos fondos, será imprescindible que instrumente el proyecto directamente a través de una empresa. Esto permitirá potenciar los sistemas de servicios energéticos como una prolongación al ‘Plan de las 2000 ESEs’, plan que actualmente se está completando en todas las comunidades autónomas.
Plan de las 2000 ESEs
Este plan tuvo su origen en la Directiva 2006/32 de 5 de abril sobre la eficiencia final de la energía y los servicios energéticos y que impulsó un Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010.
La nueva Directiva de eficiencia energética publicada el 25 de octubre de 2012, insiste nuevamente en que los estados miembros fomenten el mercado de los servicios energéticos, facilitando además el acceso de las pymes al mismo.
También indica que los estados miembros deben establecer mecanismos de financiación o recurrir a los existentes, para aprovechar al máximo las medidas de mejora de la eficiencia energética y las ventajas de la presencia de múltiples fuentes de financiación.
En el marco del ‘Plan de las 2000 ESEs’, Castilla y León ha cumplido los plazos establecidos por el IDAE presentando 7 proyectos que implican unas inversiones previstas a través de las ‘ESEs’ adjudicatarias de aproximadamente 19.000.000 euros.
De estos proyectos, cinco ya han sido adjudicados a empresas energéticas, tres de ellos pertenecen a centros consumidores de la Junta de Castilla y León.
El programa Jessica
El programa Jessica puede ser uno de los citados mecanismos, del que sólo son beneficiarias las comunidades autónomas receptoras de los fondos FEDER. Entre ellas está Castilla y León más otras ocho comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Sobre un total de 123.000.000 euros de fondos europeos previstos en el programa en el ámbito geográfico de Castilla y León, le corresponden inversiones por un valor de 9.500.000 euros. A estas cantidades hay que sumar las aportaciones de la entidad adjudicataria de la gestión de estos fondos en Castilla y León, BBVA, que les dará la oportuna información.
El programa considera prioritarias inversiones en proyectos que en Castilla y León se vienen considerando fundamentales en los últimos años, en eficiencia energética, cogeneración y gestión de la energía, en energías renovables que integren operaciones de eficiencia energética, y los relacionados con el transporte limpio.
Esta iniciativa supone una oportunidad para promover grandes proyectos que ayuden a alcanzar el mayor grado de ahorro energético en los entornos urbanos, lo que incidirá en el ahorro económico para las administraciones públicas y al mismo tiempo en la consolidación del emergente sector económico que suponen las empresas de servicios energéticos.