Las reacciones a las decisiones del Gobierno en materia energética del pasado viernes no se han dejado esperar. La reforma es calificada de "inmoral e insensible" y las medidas se tachan de "inaceptables".
El sector fotovoltaico denuncia la ausencia de diálogo y anuncia la desaparición de un gran número de empresas
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) aseguró que la decisión de ligar la actualización de las tarifas a la inflación subyacente a precios constantes, en vez de al IPC aprobado por el Gobierno supondrá que este año se reduzcan un 0,028% en lugar de incrementarse un 2,975%, en función del IPC -0,5 puntos como correspondía al método actual, según el Real Decreto 661/2007. De este modo, la modificación del método de actualización de las tarifas "conlleva la reducción de la retribución de la producción eléctrica fotovoltaica" en tres puntos, lo que supondrá que las instalaciones "cobren menos" y provocará que "un número muy significativo de plantas entren en suspensión de pagos este año", obligando a sus propietarios a renegociar la deuda, a aportar fondos propios o, si no pueden hacerlo, a entregar su instalación a la entidad financiera.
La asociación también recordó que el sector fotovoltaico "ya soporta" el recorte retributivo aprobado por el anterior Gobierno del 30% durante el 2011, 2012 y 2013, que, a partir de ese momento, se queda en el 10% durante el resto de vida útil de las instalaciones, al que se suma el impuesto eléctrico del 7% aprobado en diciembre, provocarían esta suspensión a decenas de miles de instalaciones fotovoltaicas.
Además, criticaron que el Gobierno acometió este "ajuste" con "total ausencia de diálogo" e insistieron en que no logrará otra cosa más que "empeorar una situación dramática en la que decenas de miles de inversores en energía fotovoltaica están atrapados por haber confiado en la seguridad jurídica de España".
APPA habla de acoso y derribo a las energías renovables
Por su parte la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) critica las medidas aprobadas por el Gobierno, que implican modificaciones en el sistema y la actualización de la retribución de las renovables, porque "constituyen nuevos pasos en la política de exterminio del sector".
APPA considera que estos cambios suponen "un nuevo golpe al sector" y apuntó que "el objetivo final de estas medidas no parece ser otro que hacer quebrar las plantas existentes". Para esta asociación, esto supone "en la práctica que la retribución crezca por debajo del IPC". Respecto a la medida que obliga a las plantas a acogerse a una tarifa fija regulada, la asociación consideró que las deja "a merced de nuevos impuestos", que "tendrá que asumir de forma íntegra" al no poder repercutirlos a sus precios de venta.
Todas las asociaciones, en contra
Por su parte Anpier acusa al Gobierno de "inmoral e insensible", la Asociación Empresarial Eólica indica que tomará "todas las acciones legales" y Protermosolar ha indicado mostrarse "destrozada" por esta "expropiación forzosa".
Por último, la Fundación Renovables considera que el Gobierno "vuelve a equivocarse" al actuar "contra las energías renovables" para solucionar los problemas del sistema eléctrico, indica el secretario general de esta asociación, Sergio de Otto.
Para De Otto, las medidas adoptadas van a ser "tan inútiles como las adoptadas anteriormente" por este Ejecutivo y el anterior para recortar la retribución a las renovables. La Fundación Renovables afirma que "el verdadero problema de este sistema es la conformación de precios y un conjunto de mecanismos que no son adecuados y que han ido recibiendo parches que no han hecho más que agravar los problemas".
El secretario general de la asociación también lamenta que "mientras Europa avanza en el desarrollo de políticas de energía limpia, ahorro y eficiencia", el Gobierno español esté "dando la espalda al futuro".