El pasado viernes 1 de febrero, en Consejo de Ministros, se aprobó una serie de medidas urgentes que conllevará recortes a la retribución de las actividades reguladas y un cambio en el método de cobro de las primas a las renovables con el fin de reducir los costes en el sistema eléctrico por un total de entre 600 y 800 millones de euros.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo indicó que "las medidas tienen como finalidad que el déficit de tarifa sea cero en 2013, y que, si hay, sea el mínimo posible", añadió.
Para esta serie de medidas, el Ejecutivo se escuda en que los costes del sistema eléctrico han experimentado un incremento constante en los últimos meses, cuestión que se ha puesto de manifiesto en el informe del mes de diciembre emitido por la Comisión Nacional de la Energía. Simultáneamente; se ha producido una reducción de ingresos como consecuencia de la bajada de la demanda derivada de la situación económica. Se han originado, por tanto, (según indica el Gobierno) una serie de desfases en los costes del sistema con respecto a las previsiones, con lo que se hace necesario adoptar las medidas contenidas en el Real Decreto Ley para contener los costes y, a la vez, dar estabilidad al sistema para evitar en lo posible futuras desviaciones con respecto a las estimaciones.
Cambio en la actualización de todos los costes del sistema eléctrico: revisión de las retribuciones reguladas sin IPC
Además, el Gobierno dio el visto bueno a un real decreto ley que incluye dos medidas de carácter regulatorio. La primera, con la que se prevén ahorros de entre 330 y 340 millones de euros al año, pasa por cambiar el método en virtud del cual se revisan anualmente las retribuciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico: el transporte, la distribución, los sistemas extrapeninulares y las primas al régimen especial, entre ellas las renovables.
Hasta ahora, estas retribuciones se actualizaban en función del IPC mientras que "a partir de hoy", según Soria, se hará en base a la inflación subyacente, es decir, aquella que no recoge la evolución de los precios de los productos energéticos y alimentos frescos- y "a precios constantes" para evitar la repercusión de los impuestos indirectos mayores.
Los productores del régimen especial tendrán que elegir entre tarifa o mercado
La otra medida de carácter regulatorio afecta al Real Decreto 661 de 2007, que tendrá que ser modificado, y que permitía a los productores del régimen especial elegir cada año entre percibir una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima.
"Lo ocurrido hasta ahora es que cuando los precios del mercado suben, las empresas eligen mercado más prima, y cuando baja les interesa más la tarifa regulada", lo que, a su vez, se reflejaba en el precio de la luz, señaló el ministro.
A partir de ahora, deberán elegir una de las dos vías (ir a tarifa regulada o ir al mercado sin prima) con carácter permanente (para el conjunto de los años de funcionamiento de la instalación), con lo que "se evitará que los cambios en el precio de mercado repercutan en más costes del sistema y más precios de la luz", explicó Soria, quien añadió que hay veces que la conveniencia del productor "no coincide con la conveniencia del consumidor".
Esta medida puede tener un impacto que oscilará entre los 250 y los 500 millones al año. El Ministro también indicó que el contenido de estas medidas "no cambia las reglas del juego, sino que racionaliza la metodología actual. El Gobierno adopta las medidas que considera necesarias para el interés general, e intentamos que el interés general coincida con el interés particular. Como parte del interés general, está que no se repercutan sobre la tarifa final los incrementos en los costes de peajes", señaló.
Crédito extraordinario para las energías renovables
Adicionalmente, el Consejo de Ministros ha recibido un informe sobre un Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar los costes de las energías renovables en 2013, por un importe máximo de 2.200 millones de euros. Esta cantidad se integraría en el sistema eléctrico a medida que sea necesario para financiar estos costes. El ministro José Manuel Soria aseguró que el crédito extraordinario computará o no como déficit público "en función de si se utiliza o no". Soria especificó que "una cosa es que se apruebe y otra cosa es que se utilice o no se utilice, lo que no podemos saber".
El crédito evitará que "puedan aparecer en el sistema incrementos de costes y que, si aparecen, no se traduzcan en un incremento de peajes que provoquen una subida de la luz a hogares o empresas", señaló, antes de precisar que los 2.200 millones de euros serán otorgados al Ministerio de Industria y, una vez aprobado por el Consejo de Estado, se tramitará como proyecto de ley. Además este crédito, cuyo importe se asemeja al coste para la tarifa del principal e intereses de la deuda eléctrica, permitirá contener el déficit de tarifa de 2013 junto a otros aspectos, entre ellos los 3.000 millones de euros de ingresos previstos con los nuevos impuestos eléctricos o 450 millones de euros de las subastas de derechos de CO2.