Los constructores proponen al Gobierno un Plan para el Impulso de la Rehabilitación y Mejora de la Eficiencia Energética de los edificios construidos (PIRMEF). El objetivo sería crear empleo estable y de calidad, reducir el consumo energético y restablecer la seguridad y accesibilidad de edificios públicos y de las viviendas privadas.
El PIRMEF contempla la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de un mínimo de 2.600.000 viviendas hasta el 2020. Con ello podría generarse una media de 130.000 puestos de trabajo directos, que generarían retornos acumulados por ahorro de energía y CO2 de 8.900 millones de euros que, en parte, financiarían el coste inicial. La inversión en calidad y eficiencia energética en viviendas puede generar un estímulo económico global equivalente a 2,6 veces esa inversión.
Los beneficios para la sociedad de la rehabilitación energética, en ahorro de energía, reducción de emisiones de CO2 y generación de puestos de trabajo estables y de calidad, están ampliamente reconocidos en las políticas de la Unión Europea. Diversos países de nuestro entorno llevan años aplicándolas con éxito y son una fuente de experiencia a aprovechar. Estas políticas establecen que es fundamental que el sector público se erija como tractor ejemplarizante para impulsar la oferta en servicios de rehabilitación energética.
La evaluación del consumo energético se realiza a través del análisis de facturas de electricidad y gas, mediciones in situ y programas informáticos de simulación que ayudan a determinar el consumo real y teórico. Determinar el consumo energético es fundamental para definir las mejoras y soluciones a incorporar en el edificio para explotar al máximo las posibilidades de ahorro según un análisis coste beneficio. Todo ello supone que el sector será todavía más intensivo en información.
Las empresas registradas del sector y sus profesionales tienen las condiciones necesarias para realizar la rehabilitación con solvencia y garantías para el cliente.
Se ha de aprovechar la revisión de las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad de los edificios para incluir la rehabilitación energética, que sólo incorpora un coste algo superior que la rehabilitación tradicional pero que permite su amortización por los ahorros conseguidos.
El PIRMEF se estructura en 5 puntos:
1. Evaluar con urgencia el consumo energético de los edificios públicos existentes.
Realizar los proyectos de mejora en el comportamiento pasivo (edificios) y activo (instalaciones y equipos). Revisión de las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad. El plan debería establecer prioridades de actuación en función del balance inversión/retorno, valorando también la mejora en la accesibilidad y la seguridad mediante parámetros sociales.
2. Estimular con ayudas y desgravaciones fiscales la mejora de los edificios privados.
Incentivar la mejora de la seguridad, el aislamiento, la accesibilidad tanto de los edificios de viviendas como de los edificios de servicios con justificación de las mejoras obtenidas en relación al ahorro energético.
Ejemplos de medidas aplicables son: facilidades de financiación a través del recibo de la compañía energética; reducciones del IBI y del IRPF; préstamos con intereses reducidos vinculados a la propiedad; subvenciones directas de las actuaciones; creación de activos de eficiencia energética fungibles y financiables que tengan un acceso amplio a los mercados de capital; contratos estandarizados que den garantías de resultados a los clientes, etcétera.
3. Aplicación del IVA reducido.
En los proyectos de mejora de los edificios existentes con las modificaciones necesarias para que sean aplicadas claramente a todas las intervenciones de mejora sin excepción ni interpretaciones recaudatorias (El retorno vía impuestos y afloramiento de la economía sumergida sería más que proporcional a lo que se pueda recaudar con “ánimo recaudatorio”).
La aplicación de un IVA reducido facilitará aflorar la economía sumergida del sector y, por tanto, incrementará la recaudación, ya que los clientes preferirán obtener una factura que les garantice la calidad de las actuaciones realizadas y la posibilidad de reclamación. Por otro lado, las empresas que cumplen con todas sus obligaciones legales se verán reforzadas frente a la competencia desleal de empresas pirata que no cumplen les mínimas garantías de seguridad y calidad.
4. Acelerar la aplicación de la Inspección Técnica de Edificios a todos los edificios existentes introduciendo la certificación energética.
Establecer una clasificación (Sello de Calidad de los edificios existentes) obligatoria en las transacciones inmobiliarias (alquiler o compra-venta). La actual regulación de la ITE es inconsistente con las directivas emanadas de la Unión Europea porque no permitirán conseguir los objetivos de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 establecidos para el 2020. El Sello de Calidad es fundamental para que el consumidor sepa realmente las características del edificio que compra o alquila, tanto desde el punto de vista energético como de funcionalidad y seguridad.
5. Incorporar la mejora de los edificios existentes en programas más amplios de mejora y regeneración del Hábitat Urbano.
Estableciendo programas específicos en zonas degradadas de las villas, pueblos y ciudades españolas. Para cumplir los objetivos establecidos para el 2020 por la Unión Europea, así como mejorar el parque construido y adecuarlo a la normativa vigente, es necesario una planificación amplia y omnicomprensiva de las actuaciones a realizar.
Existen estudios, programas y planes tanto de administraciones públicas como de entidades privadas sobre los cuales desarrollar la propuesta, como la Ley de Barrios de la Generalitat de Catalunya, el modelo de "Rehabilitación integral de barrios andaluces" o el Plan de Rehabilitación y Vivienda 2009-12. Según este último, la inversión en calidad y eficiencia energética en viviendas puede generar un estímulo económico global equivalente a 2,6 veces la inversión realizada, además de mejorar la calidad de vida y el ahorro energético. Diversos estudios europeos indican que de media pueden generarse 18 empleos estables, de calidad y a largo plazo, por cada millón de euros invertido en renovación de viviendas.