La Comisión de Energía del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales (COAIN) considera que los incentivos públicos a las energías renovables, suprimidos temporalmente hace más de nueve meses, deberían irse reinstaurando con urgencia por el Gobierno, para no paralizar por más tiempo el desarrollo de proyectos que generarían empleo y un flujo neto positivo para las arcas públicas, contribuyendo a reducir el déficit público y el déficit exterior, y evitando el hundimiento de muchas empresas españolas del sector.
El debate sobre el interés de posibles incentivos públicos a nuevas plantas con fuentes renovables no puede verse enturbiado por las burbujas de plantas y las excesivas primas anuales comprometidas como consecuencia de los errores cometidos en el pasado, aunque deberá tenerse muy en cuenta dicha experiencia para no incurrir en nuevos errores de valoración y gestión de los incentivos públicos y optimizarlos adecuadamente. También deberá evaluarse si los nuevos incentivos deben compensarse con la tarifa eléctrica, difícil dadas las circunstancias, o pueden ser cargados simplemente a las cuentas del Estado, en cualquier caso con el objetivo de que el resultado suponga una reducción del déficit público.
El Gobierno ha expuesto que su principal prioridad en estos momentos es el control del déficit público, lo que a priori parece que hace difícil asignar partidas de gastos para posibles incentivos a las renovables. Sin embargo, unos incentivos que fueran innovadores, según lo expuesto, para nuevas plantas renovables, podrían servir para incrementar los ingresos públicos ligados a la inversión y al empleo en estos próximos años críticos (2013 y 2014) sin implicar ninguna partida de gastos en los mismos, ya que los incentivos podrían empezar a abonarse en 2015, cuando las plantas comenzaran a operar. De esta forma, los citados incentivos contribuirían al objetivo fundamental del Gobierno de reducir el déficit público de aquí al 2014.
Coste-beneficio por tecnología
En lo referente a la cuantía y marco temporal de los incentivos, las tecnologías a apoyar y los posibles cupos por tecnología, sería necesario abordar (si no lo ha hecho ya el Gobierno desde enero) un adecuado estudio de coste-beneficio por tecnología, que permita prácticamente garantizar que el balance para el país a lo largo de la vida útil de las plantas apoyadas sea claramente beneficioso, así como minimizar el importe de los incentivos públicos. En cualquier caso, debería tratarse de que incluso una vez iniciado el pago de incentivos a las nuevas plantas en el 2015, el impacto sobre el déficit público siguiera siendo positivo, de tal forma que el importe de los incentivos se viera más que compensado por la recaudación anual de impuestos y cuotas a la seguridad social asociadas a las nuevas plantas.
Para muchas tecnologías de plantas renovables, la inexistencia de incentivos determina que no sea rentable construir ninguna planta, en competencia con soluciones convencionales basadas en combustibles fósiles, a sus precios actuales. Unos incentivos muy limitados pueden ser suficientes para que las plantas renovables ofrezcan la suficiente rentabilidad, ofreciendo un balance muy positivo para el país a lo largo de su vida útil, además de reducir los riesgos asociados a la dependencia energética, tanto de subidas de precios inasumibles como de escasez de los combustibles de importación. Procedimientos basados en cupos y subastas para cada tecnología podrían contribuir a maximizar la rentabilidad de los incentivos públicos.
Dado el exceso de potencia eléctrica instalada en España y la incertidumbre sobre la evolución de la demanda de electricidad en los próximos años, una tecnología que convendría potenciar especialmente es la de plantas de cogeneración con renovables, biomasa o solar térmica, que ofrecen máximas reducciones de emisiones de CO2 y permitirían reemplazar plantas de cogeneración obsoletas basadas en combustibles fósiles de importación, muchas de ellas con rendimientos equivalentes a partir del combustible fósil similares o inferiores a los de centrales de ciclo combinado y con escasos beneficios económicos una vez caducado su periodo correspondiente de prima.
Adicionalmente, sería necesario evaluar y establecer con carácter prioritario los incentivos óptimos para la generación eólica, por su gran potencial y su presumiblemente elevado beneficio económico global, así como para otras tecnologías renovables poco desarrolladas, cuya potencia instalada se encuentre muy por debajo de la prevista en el último plan energético, con objeto de tratar de que entren en la etapa de expansión comercial y reducción de costes. COAIN, nueva marca del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid.
El Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales (COAIN) es la nueva imagen conjunta del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM). El Colegio Oficial es una corporación de derecho público sin ánimo de lucro, que cuenta con alrededor de 11.000 colegiados de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora.
Por su parte, la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid es una entidad con plena personalidad jurídica cuyo objetivo es fomentar el progreso de la ingeniería industrial poniéndola al servicio de la sociedad. Tiene casi 8.000 asociados entre las sedes de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Soria, Segovia, Toledo, Valladolid y Zamora.
La Comisión Técnica de Energía del COAIN está integrada por profesionales de la ingeniería industrial expertos en el sector energético que se reúnen de forma periódica en un grupo de trabajo para estudiar y analizar cuestiones relevantes de la energía en España.